El martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó su informe sobre los acontecimientos ocurridos en los últimos cuatro meses de 2019 que tiene como una de las principales conclusiones el reconocimiento de las 37 personas que perdieron la vida en Sacaba, Senkata, El Pedregal y otros, afirmó la psicóloga y experta en temas políticos Eliana Gutiérrez.
“Este informe es el reconocimiento a las personas que perdieron la vida en el gobierno de Añez que no respeto los derechos humanos y que ahora (las corrientes opositoras al actual gobierno) pretenderán desmerecer, defenderán su accionar”, afirmó en declaraciones al programa Liderazgo de Mujer.
En su criterio, el trabajo de investigación ha sido “bien realizado” y es una lección para que no se vuelva a repetir, “hemos tenido en la historia episodios como la operación Cóndor, con procesos que quedan abiertos y no se sancionan a los culpables, y se corre el riesgo de que este suceso vuelva a ocurrir como lo ocurrido en 2003 que sigue abierto y las personas siguen muriendo mientras la justicia no cumple con su rol”, sostuvo.
El informe final del GIEI-Bolivia sobre los hechos de violencia de 2019, que fue presentado este martes, calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).
El documento formula, más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.
En criterio de Gutiérrez, las conclusiones muestran puntos en los que se debe trabajar, “como el tema de las autopsias; es impresionante la falta de profesionalismo de los forenses, estamos hablando de médicos y policías, profesionales que ni siquiera conocen lo que hacen”.
Dijo que existe una falencia en el procedimiento. “En los casos de los fallecidos no existen estudios, hay ausencia de estos estudios y menos el cuidado de las ropas, de los fallecidos en los conflictos”, en otras palabras, no se siguió la cadena de custodia de los indicios y pruebas para determinar la verdad sobre los decesos.
En cuanto a las responsabilidades, Gutiérrez fue tácita al mencionar a varios personajes que en su criterio deben dar una explicación a la población sobre su accionar. Entre ello mencionó al dirigente de los médicos Luis Larrea, al excívico Marco Antonio Pumari, también a los principales dirigentes del magisterio paceño que lideraron las acciones de violencia en noviembre 2019.
A ellos se suma el papel de la UMSA y el de su exrector Waldo Albarracín. “Se debe esclarecer el papel de la Universidad porque jamás se vio que amparados en la autonomía le den cobijo y apoyen a corrientes fascistas”. El mismo papel que dijo cumplió la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) Amparo Carvajal que defiende el golpe y pide la libertad de Jeanine Áñez.
«El gobierno está llamado a sancionar esas actitudes y no solo a estos personajes, sino el accionar de ese grupo de choque denominado Resistencia Juvenil Cochala que contó con el apoyo de la Policía, estuvieron con ellos y los adiestraron”.
También mencionó a líderes políticos como Fernando Camacho, de quien recordó haber confesado que su padre hizo el contacto con los altos mandos militares y policiales para preparar el golpe, Carlos Mesa que fue uno de los que incitó a salir a las calles y rechazar la sucesión constitucional y Jorge Tuto Quiroga que jugó el rol de «mandamás» cuando fue el que dio al orden al Comandante de la Fuerza Aérea para que permita despegar al avión que transportaba al expresidente Evo Morales.
Por ello sentenció que, “este informe que se ha conocido hoy (ayer) nos muestra un camino que el gobierno está en la obligación de cumplir”, afirmó al sostener que con ello no existe la reparación del daño con dinero, sino que, los autores del golpe de Estado “deben responder ante la población, ante las familias que han perdido a sus seres queridos”.
Crédito foto: Liderazgo de Mujer