Para lograr resultados que cambien la forma de ver a la Justicia en Bolivia es necesario que los operadores, jueces, fiscales, abogados y efectivos policiales cuenten con la capacitación respectiva y una adecuada aplicación de la normativa que no sea reemplazada con la chicanería jurídica y la falta de conocimiento.
Así coincidieron en señalar el exdefendor del Pueblo Boris Antezana y el director de la Escuela de Padres Gustavo Mejía en un encuentro de análisis sobre nuestra justicia de todos los días en el programa Liderazgo de Mujer.
“Una coma o un punto mal utilizado puede cambiar todo el contexto de una argumentación legal, que, si no es bien interpretada por el Juez, el agresor puede obtener su libertad por ese simple pero importante detalle”, afirmó Mejía al mencionar sobre las deficiencias que existen en la actualidad en las esferas judiciales.
Para Antezana, es necesario mejorar las condiciones de los investigadores y eso implica que reciban mayor capacitación al igual que los efectivos policiales para realizar un mejor trabajo y evitar de esa manera que el Juez observe o resuelva en contrario a los intereses de las víctimas.
“Los jueces deben conocer los datos procedimentales e impartir más conocimiento y los policías muchas veces incurren en errores en sus reportes, o en varios casos son cambiados y se corta todo el proceso de investigación. Por eso es necesario cambiar desde raíz y este personal reciba una adecuada formación”, dijo.
En criterio de Mejía muchos de los casos que llegan a estratos judiciales carecen de la experticia en el ámbito de los operadores de justicia, por eso es necesario que se reajuste su credibilidad con el ejercicio adecuado de la profesión.
Dichos errores y la aplicación de la chicana jurídica que influye en el uso de recursos que pueden favorecer para que los agresores se libren de condenas y uno de ellos es comprender los alcances, por ejemplo, de la conciliación mencionada en la ley 348 y utilizada no para el resarcimiento del daño, sino como una manera de negociar el perdón de la víctima para que el sujeto evada la sanción.
En ese tema, Antezana dijo que mientras la conciliación no esté al margen de la vulneración de los Derechos Humanos, se puede considerar, en caso de no cumplir con ese requisito, no es viable.