La seguidilla de casos de violencia de género que terminaron con más de media docena de mujeres en el último mes, es una llamada de atención para que autoridades gubernamentales, legisladores (de diferentes instancias nacionales y suibnacionales) asuman acciones para terminar con este flagelo social, afirmó la exministra de Estado, aboga y activista por los derechos de las mujeres Mabel Monje.
“Hay leyes muy positivas (que defienden los intereses de las mujeres) pero no estamos siendo protegidas (…) Basta de lamentos, es hora de proponer y tomar acciones”, dijo en declaraciones a Liderazgo de Mujer.
La promulgación de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia) el 9 de mayo de 2013 fue un “pedido clamoroso frente a los hechos que sucedían de forma subterránea (mujeres que no denunciaban” los hechos de violencia que eran víctimas, afirmó.
“En la actualidad vemos hechos que atentan contra la vida de las mujeres”, dijo al reflexionar sobre la condena por feminicidio de 30 años (máxima pena según la normativa boliviana) en su momento “era suficiente” pero con el tiempo se convirtió en una de las debilidades y por eso sería necesario trabajar en esa temática.
Por eso, propuso la acumulación de penas, es decir, endurecer la condena como primera medida, para ello será importante modificar el Código y Procedimiento Penal donde se establezca aquello; luego está la revisión de los tratados internacionales que tiene Bolivia, que en su criterio está en manos de los actuales legisladores nacionales para hacerlo.
Monje puso como ejemplo lo que sucede en Chile, donde el gobierno recientemente aprobó dos disposiciones que protegen a las víctimas de violencia de género y feminicidio. La primera, que los hijos de las víctimas de feminicidio reciben una pensión vitalicia hasta los 18 años; Las sobrevivientes gozan de inamovilidad de por vida.
En estos dos ejemplos, mencionó que se destinan los recursos necesarios para cubrir los gastos que amerite atender a estos sectores sociales que son víctimas de la violencia de género.
De la misma, indicó, existen otros países donde se asumieron medidas concretas para frenar la violencia intrafamiliar. En España se ha dispuesto la publicación de delincuentes sexuales como medida de seguridad en favor de la gente. En Estados Unidos existe el registró único para proteger a infantes.
“Los feminicidios e infanticidios, son temas de agenda, son temas que crispan y lo que preocupa es que las autoridades no le dan la celeridad contra este tipo de hechos”, sostuvo la entrevistada.
Monje se remitió a los 94 feminicidios en 2022, de los cuales seis tienen sentencia condenatoria, 11 están en etapa de preparación, diez en etapa de acusación formal y cuatro en etapa preliminar.
“Estos datos son para preguntar, que está pasando, se debe ir a fondo en la reforma judicial que debe tener una perspectiva social de celeridad para anular la retardación de justicia”, señaló.
Además, demandó que los jueces deban publicar en su integridad las sentencias ejecutoriadas sobre casos de feminicidios en la web. “La sociedad tiene el derecho de conocer este tipo de situaciones, ya sea para prevención o cuidar la vida de las personas”, acotó.
Texto y foto: Liderazgo de Mujer