De preocupante y materia de reflexión son los casos de adolescentes embarazadas que en Bolivia son fruto de abusos sexuales, afirmó la directora Ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Carla Gutiérrez.
“Los embarazos en Bolivia, que es la tasa más alta de Latinoamérica, son producto de violaciones, de hecho, cualquier embarazo de una niña es violación por más de que así lo quiera la infante, lo que debería llamarnos a preocupación”, sostuvo Gutiérrez en la entrevista con Liderazgo de Mujer que se transmite por radio Cepra La Paz.
La afirmación la hizo en referencia a dos casos bullados que se registraron en las últimas semanas, uno el caso de una niña de 11 años abusada sexualmente Yapacaní por su abuelastro y quedó embarazada, que le fue interrumpido por decisión judicial apoyada en una sentencia Constitucional.
El otro, de una niña de 12 años abusada en una comunidad en Potosí que y fruto de la violación quedó embarazada y hace pocos días dio a luz.
“Es un tema que en las últimas semanas ha repercutido en todo el país eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad muchas cosas partiendo del uso de los cuerpos de las mujeres como objeto y que no se puede cuidar porque estamos amenazadas por el entorno”, sostuvo.
Gutiérrez, abordó el tema en relación a un estudio que realizó la institución que dirige en el cual muchos casos de violencia sexual contra niñas que ocurren en el área rural del país donde el aborto no es aceptado y una adolescente que queda embarazada es obligada a casarse o convivir con su agresor, “pues la familia debe conservar el honor”.
“La interrupción legal del embarazo se evidencia vacíos legales como la garantía para el médico para que tenga todas las garantías legales para cumplir con la norma. Pero el sistema trata de proteger lo que más le conviene”, sostuvo.
Además, que el tema en el área rural “es muy triste”, porque las víctimas no tienen dónde hacer sus denuncias, sean mujeres peor infantes, porque la única alternativa que tienen es acudir a las ciudades, donde en muchos casos no les prestan el apoyo respectivo.
Lamentó que en el occidente este tipo de hechos se normalice, porque la comunidad está regida por el mallku, la familia es de la comunidad y “lo resuelven cuando hacen casar a la niña y dejan el delito, y la posibilidad de que la niña tenga una vida”.
Por ello, dijo, sobre la necesidad de reflexionar desde la sociedad y las mismas familias sobre la atención que debemos asumir al respecto, porque es un tema que preocupa y por eso el 25 de noviembre, “Día de la Lucha Contra la Violencia a la Mujer” se incidirá en esta problemática.
Para completar su exposición, Gutiérrez mencionó como ejemplo que en 2020 se denunciaron 40.000 casos de violaciones, donde los departamentos de La Paz y el Beni se llevan la flor con la mayoría de las acusaciones.
Recursos
En criterio de Gutiérrez es necesario que todos los operadores de justicia, defensorías de la niñez y adolescencia, Slims y otras entidades que tienen que ver con la protección de este sector de la sociedad atiendan y funcionen es necesario hablarlo, “porque tenemos estas entidades en ciudades grandes y no funcionan de acuerdo con la norma, no atienden casos de menores o discapacidad”.
A ese problema se suma el poco soporte económico que se le brinda a este rubro, toda vez como consecuencia de los índices elevados de violencia hacia las mujeres o niñas, niñas y adolescentes no son atendidos adecuadamente, porque solo cuentan con el 3% de toda la inversión del Estado “cuando más del 50% somos mujeres” y ante ello es necesario que se debe trabajar seriamente con una asignación seria de presupuesto.
“Tenemos que apoyarnos, acuerparnos porque una mujer que sufre violencia precisa de apoyo y definitivamente es importante ver cómo nos unimos porque ese es un reto importante y escuchar a la otra, escuchando sus posiciones y no rechazando porque no piensa igual que tú. Llegar al diálogo y consenso es algo que falta a nivel de la sociedad”, acotó.
Foto: Liderazgo de Mujer