La asesora de la Dirección del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD), Canela Crespo, sugirió tres puntos esenciales para trabajar en la reforma de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) y permitir su efectiva aplicación.
“La reforma estructural de las instituciones (Policía y Justicia), tiene que haber un cambio de concepción en las instituciones para atender los casos de violencia contra las mujeres; lo segundo, es el financiamiento porque todo se hace con dinero y reconducir el dinero que ya existe y a gastarlo de manera eficiente; y tercero es importante que la Ley 348 no sea una isla, tiene que ser la base para una reforma integral de la Justicia”, sostuvo en la entrevista que concedió a Liderazgo de Mujer.
Debe ser una reforma estructural de las instituciones vinculadas con el tema de la violencia, sostuvo.
“Las instituciones nos juegan en contra, por eso tiene que haber un cambio estructural, tanto cuantitativo, como cualitativo, esa es una de las demandas que creo ha logrado consenso en todos los espacios de diálogo que hemos realizado”, dijo.
Deade la promulgación de la norma nadie se opuso a la Ley porque era necesario que se asuma la violencia como de todos y a partir de ello hay un avance y por ello las modificaciones para que avance la norma, aseveró.
Crespo hizo una reseña de todo el proceso que significa la modificación de la 348, a partir del mandato hecho por el presidente Luis Arce para que funcione la norma, luego todo el trabajo para colectar las propuestas que dijo pasan el millar, las cuales fueron sistematizadas y presentadas a las organizaciones sociales y de mujeres quienes le dieron su contenido a partir de sus propias experiencias expuestas en las mesas de trabajo realizadas en los nueve departamentos.
“Sabemos perfectamente dónde están exactamente los cuellos de botella, dónde están los problemas de la Ley, porqué la Ley no funciona y ese proceso de recolección de propuestas ha terminado en marzo y a partir de ello sistematizamos en diez ejes que van a agrupas las propuestas que nos han llegado”, dijo.
Los 10 ejes de discusión que surgieron del proceso participativo, como posibles pilares de la reforma, son: 1. Precisión en el objeto y alcance de la ley; 2. Ampliación de derechos en el marco de la progresividad; 3. Incorporación de las nuevas formas de violencia y nuevos tipos penales; 4. Perfeccionamiento de las atribuciones y roles de la institucionalidad tanto en la prevención como en la atención y en la persecución penal.
5. Modificación en el registro de antecedentes; 6. Políticas públicas; 7. Medidas de protección; 8. Procedimiento especial corto y rápido según la calificación penal; 9. Jurisdicción alternativa; y 10. Financiamiento.
Identificados esos ejes se hizo un trabajo con todos los sectores de la forma más amplia a nivel nacional donde se recolectaron criterios que servirán para incorporar en la modificación de la norma.
Además, hizo referencia al estado de situación de las violencias contra las mujeres, que lanzaron datos que preocupan, en 2020 hubo 35.360 denuncias a nivel nacional; en Santa Cruz hubo 15.104 denuncias, La Paz 7.554 y Cochabamba 4.728; Pero para las denuncias en Santa Cruz son atendidas por 22 fiscales y por más que haya una norma como la Ley 348 no funcionará por las condiciones en las que trabajan porque es humanamente imposible que uno solo fiscal atienda tantos casos.
“Por estos datos que nunca llegamos a juicios cuando hacemos denuncias de violencia, nos quedamos en la etapa preparatoria. El 92% de las denuncias en el marco de la 348 llegan a juicio y el 7% llegan a juicio y 1% tienen sentencia, entonces las instituciones juegan en contra”, dijo.
Explicó que la carga laboral de los fiscales es desproporcional, lo que hay que reformularlo para que la norma tenga una efectiva aplicación.
En Bolivia el delito que más se comete es la violencia familiar o doméstica, es mucho el robo, el hurto o las lesiones, de acuerdo con los datos establecidos en la Felcv.
En las mesas de debate se planteó incorporar los derechos de grupos transexuales y adecuarlos a la normativa para que se reconozcan sus derechos, en otras palabras, se explicite este tema, mencionó.
Sobre el tema de conciliación indicó que se deben diferenciar que no todos los casos son de tipo penal, por eso lo primero que se debe hacer es el tipo de violencia y no todos deben ir a lo penal. “Hay un escenario que no resuelve los tipos penales y el cuello de botella lo encontramos en la Policía o la Fiscalía”.
Por eso, destacó el tema de la reparación, pero si no se logra la rehabilitación de las mujeres en los espacios donde puedan promover su economía independiente y eso pasa por las políticas públicas.