El Hotel Cortez de la ciudad de Santa Cruz fue escenario donde los vocales y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) promovieron los derechos de las mujeres en la agenda legislativa, lucha contra el acoso y violencia política, en el marco de un ciclo de diálogos que se realizaron en los nueve departamentos.
De esta actividad participaron los vocales nacionales María Angélica Ruiz, Rosario Baptista, Francisco Vargas y Daniel Atahuachi, además de autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.
Ademñas de representantes de la Asamblea Legislativa Departamental, de la Unidad de Género del TSE, del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y la Casa de la Mujer, afiliada a la Coordinadora de la Mujer.
En la oportunidad, el vocal Francisco Vargas destacó la vigencia del Reglamento para la Tramitación de Denuncias y Renuncias por Actos de Acoso y Violencia Política, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, pues las dimisiones a los cargos electivos deben ser voluntarias y no por presiones.
“El Órgano Electoral no solo es administrador de procesos electorales (…), también es responsable del fortalecimiento de la democracia intercultural y paritaria; en este contexto, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales tienen mandatos referidos a garantizar la paridad, la alternancia, la equivalencia de condiciones en las listas; pero también tenemos el mandato de luchar contra el acoso y la violencia política contra las mujeres”, afirmó el vocal.
El vocal Daniel Atahuachi sostuvo que el acoso y la violencia política es un problema histórico y estructural; pero que en los últimos años se registraron avances importantes en favor de los derechos políticos de las mujeres, resultado de una serie de esfuerzos y sacrificios.
Recordó el caso de la concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz), Juana Quispe, quien denunció hechos de corrupción en su comuna y fue víctima de acoso político. Pese a que se le restituyeron sus derechos políticos, en marzo de 2012, fue hallada muerta.
“Producto de ese deceso se promovió la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres. Entonces, la lucha por los derechos políticos de las mujeres ha costado, no es gratuita, no es una concesión que nos ha dado la historia”, enfatizó el vocal.
En la oportunidad, mujeres asambleístas expusieron una serie de casos, sugirieron temas de género que deben ser profundizados y propusieron planes de coordinación entre el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y la Asamblea Departamental cruceña.
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