ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), bajo el marco del programa interagencial “Alza la voz. Derechos sexuales y derechos reproductivos sin violencia” elaboró un informe destinado a identificar una de las expresiones de la violencia basada en género.
La violencia de pareja íntima (VPI) es una de las expresiones de la violencia basada en género y una de las violaciones de los derechos humanos más frecuentes en el mundo, y en nuestro país.
Los datos son contundentes: la VPI erosiona la salud mental, física y reproductiva, pero también destruye el capital humano y la participación democrática del país.
Una de las problemáticas sociales más sensibles, persistentes y complejas en Bolivia, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, es la violencia de pareja íntima (VPI).
Estos hechos no son sucesos aislados, sino que están arraigados en formas de pensar, costumbres y desigualdades históricas que han moldeado las relaciones sociales. Se trata de un fenómeno profundo y estructural que atraviesa fronteras sociales, geográficas y generacionales.
El carácter estructural de la violencia se expresa en la normalización dentro de la vida cotidiana de conductas violentas. Actitudes que buscan justificar la agresión, la aceptación de relaciones de poder desiguales y la reproducción de patrones transmitidos de generación en generación contribuyen a su continuidad.
En este sentido, la violencia, al vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres, erosiona el tejido social, que debilita la vida democrática y limita el ejercicio de una ciudadanía plena, profundizando las desigualdades en las relaciones de poder entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.
Asimismo, los impactos de la VPI se extienden a múltiples dimensiones: afectan la salud física y emocional de las mujeres, limitando su capacidad de acceder a oportunidades educativas y laborales, restringen su autonomía y su participación social y política, y generan costos económicos importantes tanto para las familias como para el Estado.
Estas dinámicas se encuentran entrelazadas con otras realidades profundas, como la pobreza y la fragilidad institucional, lo que impide que respuestas rápidas o parciales sean efectivas.
Para Bolivia, es fundamental monitorear la VPI, reconocerla como un hecho estructural y asumir que requiere de una respuesta integral y constante en el tiempo.
No basta con la existencia de leyes bien formuladas ni con intervenciones sectoriales aisladas; se necesitan políticas públicas interconectadas que aborden el problema en su complejidad, desde el ejercicio de derechos y la protección de la salud, hasta la educación y el fortalecimiento del desarrollo económico.
Violencia basada en género
Comprender la magnitud y las raíces de la VPI, requiere situarla dentro del marco más amplio de la violencia basada en género (VBG). De acuerdo con las Naciones Unidas, se entiende por VBG todo acto de violencia que tiene como base las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y que resulta o puede resultar en daño físico, sexual, psicológico o económico hacia las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.
Este concepto se sustenta en la idea de que las normas sociales, culturales y económicas perpetúan formas de subordinación que afectan a las mujeres, generando condiciones de vulnerabilidad que van más allá de hechos aislados y responden a estructuras de poder que se han mantenido a lo largo del tiempo.
Texto: UNFPA
Foto: RRSS