El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, con el financiamiento del Gobierno de Canadá, presentaron el estudio «Violencia de pareja íntima contra mujeres en Bolivia: cambios, persistencias y caminos de acción», en el marco del programa interagencial «Alza la voz. Derechos sexuales y derechos reproductivos sin violencia».
Este estudio, usa como fuente de información los datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2023 del Instituto Nacional de Estadística, ofrece un diagnóstico profundo sobre la situación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencia, de las mujeres bolivianas en el ámbito de sus relaciones afectivas.
La investigadora Aida Ferreyra de la Fundación ARU, que llevó adelante el estudio, destacó que en Bolivia, 1 de cada 3 mujeres (30,5%) entre 15 y 49 años alguna vez ha sufrido violencia de género (física, psicológica o sexual) por parte de su pareja en los últimos 12 meses, lo que revela que los patrones de control y dominación continúan profundamente arraigados en el tejido social.
La violencia psicológica se consolida como la forma más frecuente con un 28,6%, manifestándose principalmente a través de insultos, humillaciones y acusaciones de infidelidad. La violencia de pareja tiene consecuencias psicológicas graves.
Una de cada tres mujeres que sufrió violencia sexual afirmó haber pensado en lastimarse o quitarse la vida. Por otra parte, la violencia física afecta al 15% de las mujeres, mientras que la violencia sexual presenta una prevalencia del 4,9%, indicando que una de cada veinte mujeres fue forzada a tener relaciones sexuales con su pareja en el último año.
Uno de los puntos más críticos revelados por el estudio es la vulneración de la autonomía reproductiva y el impacto intergeneracional del problema. Se estableció que el 12,1% de las mujeres que sufrió agresión sexual en el último año quedó embarazadas como consecuencia directa de dicho acto.
Asistentes al informe.
Asimismo, la investigación confirma la transmisión del ciclo de violencia: más de la mitad de las mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual presenciaron agresiones entre sus padres durante su niñez. Estos entornos violentos no solo dañan a las mujeres, sino que comprometen el desarrollo de las futuras generaciones, quienes muestran mayores síntomas depresivos y conductas agresivas.
El 31,2% de las sobrevivientes de violencia sexual declararon haber abandonado sus estudios o trabajos debido a las agresiones. En el ámbito de la salud, una de cada tres sobrevivientes de violencia sexual confesó haber considerado quitarse la vida, evidenciando heridas emocionales profundas.
A pesar de la gravedad de estos daños, solo el 11,8% de las víctimas de agresión física y el 8,1% de las víctimas de agresión sexual buscaron atención médica, lo que refleja barreras institucionales y el persistente estigma social.
En su intervención, Pablo Salazar Canelos, Representante de UNFPA Bolivia, subrayó la importancia de comprender la violencia íntimamente vinculada a las relaciones de poder y a la estructura patriarcal y machista persistente. A su vez precisó la prioridad de abordar la autonomía integral de las mujeres, que es indivisible.
A su vez Nidya Pesántez, Representante de ONU Mujeres destacó cómo la violencia forma parte de una matriz estructural que requiere ser abordada estratégicamente. En ese marco el dato es fundamental como evidencia, pero requiere que su abordaje sea humanizante y recupere el sentido de que detrás de la cifra hay personas. Pesántez remarcó en la importancia del trabajo sinérgico entre los sectores de salud, educación y justicia para garantizar que ninguna mujer o niña en Bolivia viva el ciclo de la violencia.
La Consejera y Jefa de Cooperación de la Embajada de Canadá, Laurie Rogers, precisó la importancia estratégica de generar evidencia sólida en materia de violencia para el contexto boliviano. Rogers puntualizó en el hecho de que contar con datos precisos es el primer paso fundamental para el diseño de políticas públicas eficaces, permitiendo que tanto las autoridades como la sociedad civil cuenten con soluciones claras y transparentes ante las problemáticas que más afectan a la población.
Texto y foto: Unfpa