Las autoridades bolivianas confirmaron este martes que el empresario de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Gonzalo Iturralde, fue aprehendido en el Perú y que se coordina con las autoridades del vecino país la forma de entrega.
“En Lima, Perú, ya tienen conocimiento pleno de esa notificación roja emitida por la Oficina Central Nacional Interpol. El país hermano de Perú verá los mecanismos legales y pertinentes para ver que esa persona vuelva al país y se dé cumplimiento al mandamiento de aprehensión que ha solicitado el Ministerio Público”, explicó el director nacional de Interpol, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó la agencia ABI.
Según el informe policial, Iturralde salió de Bolivia la tarde del lunes, desde la ciudad de Santa Cruz, con destino a Perú y de ahí a Chile.
Para entonces, la Oficina Central Nacional Interpol ya había emitido la notificación roja contra el empresario debido a la investigación abierta por la Fiscalía Departamental de La Paz por los delitos de “Otros Estragos y Peligro de Estragos con Agravante” vinculados al deslave del sábado 23 de noviembre que segó la vida de una niña de cinco años y dejó sin hogar a varias familias.
Tras su paso por Perú, Iturralde fue impedido de ingresar a Santiago Chile por la orden de captura que tenía, por lo que un escolta de la policía lo acompañó para que retorne a Perú, donde hasta el momento permanece.
“Las autoridades peruanas verán el mejor procedimiento legal que establece nuestra normativa vigente internacional para ver qué se va a hacer con la persona, tomando en cuenta que ya tiene el aviso de notificación roja”, explicó Bazoalto.
Un inmueble afectado por el lodo.
La empresa de Iturralde es sindicada como responsable del movimiento de tierras en el cementerio Jardin Kantutani – Los Andes, ubicado en Llojeta, loç que habría provocado el desastre en La Paz, según la Alcaldía de La Paz.
En lo que se refiere a la detención del empresario, Inmobiliaria Kantutani señala que Iturralde, «tenía prevista una cita médica en Santiago de Chile, debido a un accidente que sufrió el pasado martes 19, cuatro días antes de los hechos, y que, por lo tanto, de ninguna manera abandonó el país con fines de fuga».
Auditoría
Por su parte, la empresa Kantutani propietaria del cementerio Los Andes, a través de un comunicado, solicitó «la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan – publicas y privadas -, en el caso de la mazamorra del pasado sábado en la zona de Llojeta que provocó la muerte de una menor, heridos y daños en viviendas».
En ese sentido señalan que no se puede acusar de lo sucedido la oche del sábado mientras no se realice dicha auditoría técnica.
Además, aclaran que «los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz».
Texto: Liderazgo de Mujer, ABI
Fotos: ABI, El Deber