La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz Tarifa, socializó con representantes de organizaciones sociales de Santa Cruz, el contenido del Proyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, propuesta que fue presentada ante la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las y los beneficiarios, y desburocratizar el procedimiento de ejecución de liquidación de asistencia familiar, principalmente.
La propuesta legal, fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el 31 de enero de este año y ahora se espera se trate en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Cruz, participó del taller de socialización de dicho proyecto de ley, organizado por las diputadas Olivia Guachalla y Estefanía Morales, que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
En la oportunidad, la autoridad observó que cada año más de 30.000 causas por incumplimiento de asistencia familiar ingresan al sistema judicial; y precisó que sólo en el primer semestre de 2022, se reportaron 15.856 casos.
La Viceministra indicó que Bolivia es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un sistema de registro de deudores de asistencia familiar.
En ese marco dijo que es una necesidad contar con el Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf), que contendrá información referida a las y los deudores; modificaciones, actualizaciones y cancelaciones para seguimiento de autoridad judicial, y depósitos efectuados por concepto de asistencia familiar en la cuenta acreditada ante autoridad judicial para verificación y seguimiento.
Respecto a las restricciones que establece el proyecto de ley, remarcó que no son sanciones como es el caso de la privación de libertad por no cumplir con una resolución judicial.
La propuesta legal establece 10 restricciones para las y los deudores de asistencia familiar: acceso a cargos públicos; procesos judiciales por cobro de deudas; retención de pago en el sistema integral de pensiones y el sistema de repartos; aplicación de medidas cautelares; obligaciones registrales y notariales; acceso a planes, programas y proyectos sociales; servicios financieros (créditos); prohibición de emisión de pasaporte y salida del territorio; pluralidad de deudas; y prohibición de contraer matrimonio.
Datos del Consejo de la Magistratura, remitidos al VIO, señalan que al primer semestre del 2022 se reportaron un total de 15.856 procesos relacionados a asistencia familiar, de los cuales 6.619 corresponden a la imposición del pago de asistencia familiar; 474 a incremento de asistencia familiar; 306 a cesación de asistencia familiar; 151 a disminución de asistencia Familiar; y 74 a homologación de asistencia familiar.
Dentro de los casos de feminicidio registrados hasta diciembre de 2023, que sumaron 1.173; se identificaron causas relacionadas con la exigencia de la asistencia familiar; y que, en todo el país, al 30 de noviembre de 2022, 860 personas se encontraban privadas de libertad por incumplimiento de pago de la asistencia familiar, de éstas 12 eran mujeres y 848 varones, afirmó Cruz.
La socialización contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Marisol Ortiz Hurtado, la diputada secretaria del Comité de Jurisdicción Ordinaria y Consejo de la Magistratura Estefanía Morales Laura, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos diputada Olivia Guachalla Yupanqui y de la secretaria del Comité de Derechos de Género diputada Gabriela Ferrel Parrado.
Texto y foto: Min. Justicia