Ante el incremento de la violencia e inseguridad jurídica para el conjunto de los bolivianos la directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) afirma que “no es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”, en tal sentido demanda la aplicación de la ley y frenar la violencia armada.
“Es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de nuestras comunidades sean detenidas. El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, agrega el comunicado institucional.
El comunicado de los empresarios agropecuarios se dio luego de que los interculturales de San Julián amenazaron de muerte a los empresarios, a quienes responsabilizan de la muerte de Félix R.B., de 23 años.
Asimismo recuerdan lo ocurrido en el incidente del 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio comprometida y actos que desafían el orden y la ley. “Esta tendencia alarmante debe ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes”.
En ese sentido, exigen a las autoridades judiciales y gubernamentales que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas. “Este es un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables sino también para prevenir la escalada de agresiones que amenazan nuestro tejido social”.
“Instamos a la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean recompensadas ni legitimadas”, agrega.
Finalmente, reiteran su compromiso inquebrantable hacia la protección de la vida y la propiedad privada, la seguridad de las tierras fiscales y el resguardo de nuestras áreas de conservación. “Este compromiso es esencial para preservar el legado de Bolivia para las futuras generaciones”.
Texto: CAO
Foto: Archivo