La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, deberá permanecer en detención preventiva por un mes en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes al haberse hallado suficientes indicios de responsabilidad en los delitos de conducta antieconómica y malversación de recursos económicos, como consecuencia de haber dispuesto el uso de dineros destinados al Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia.
A pesar de la determinación el asesor Legal del municipio alteño, Isaac Mauricio dijo que apelarán la determinación judicial por considerar que fue mínima.
“Vamos a interponer una apelación incidental porque consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima, no nos convence de un mes, debió ser de seis meses de detención preventiva”, dijo el abogado del municipio alteña al finalizar la audiencia cautelar.
El daño económico causado por esa decisión es de aproximadamente Bs 140 millones, dijo Mauricio al mencionar que a pesar de la decisión judicial “la pesquisa continúa”.
Con la imputación formal se abre la etapa preparatoria, donde el Ministerio Público investigará todos los “aspectos técnicos y formales de cómo se cometió el delito e identificar a los posibles responsables y cómplices de los delitos”. “Vamos a colaborar con la investigación”, agregó.
En su criterio legal, Chapetón, hizo mal uso de los recursos destinados al SUS, en plena pandemia, porque los recursos económicos destinados al área de salud debieron ser utilizados exclusivamente al área de salud, compra de medicamentos, contratar personal de salud o infraestructura, “pero fueron destinados para pagar salarios y proyectos de inversión”, explicó el asesor legal del municipio alteño.
Por todos los antecedentes el juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer N°3, René Eduardo Foronda, determinó la detención preventiva “porque valoró la gravedad de los hechos”, además de encontrar riesgos procesales.
Chapetón está procesada por otros dos casos. Uno, por pagar a una empresa que no concluyó el tramo cuatro de la construcción del drenaje pluvial de la avenida Juan Pablo II, carretera La Paz – Copacabana, durante su gestión.
Y actualmente está con detención domiciliaria, arraigo y pago de una fianza de 14 mil bolivianos por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso del Plan Operativo Anual (POA).
Testo y foto: Gamea