Como consecuencia de los últimos incidentes ocurridos con la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus esministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento y acompañamiento a las acciones que lleva adelante la Policía Boliviana y el Ministerio Público para verificar que este proceso se enmarque en el respeto al derecho del debido proceso y de la defensa de las personas aprehendidas.
A través de un comunicado de prensa esa representación defensorial señala que personal de la institución ha verificado que, tras el traslado a la ciudad de La Paz de los tres aprehendidos, su remisión al Instituto de Investigación Forense (IDIF), donde se certificó que no sufrieron actos de tortura ni malos tratos.
Además, que en el caso de la señora Añez, se realiza un control constante de sus signos vitales por parte de la Unidad de Bomberos; y se evidenció que cuentan con la defensa técnica legal correspondiente.
De la misma manera, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, se hace seguimiento a la situación de Carlos Hugo Áñez Gil de 27 años y Juan Carlos Áñez Gil de 20, quienes se encuentran detenidos por obstaculizar la labor de la justicia; asimismo, se realizan gestiones para una valoración forense ante denuncias de abuso policial.
Por eso, “la Defensoría del Pueblo considera que cualquier delito grave, incluyendo aquellos relacionados a los señalados en el caso conocido como ´golpe de Estado´, demanda la más seria e independiente investigación, por ello exhorta al Ministerio Público y al Órgano Judicial a actuar en el marco de la independencia y ajustar sus acciones al marco constitucional así como a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que permitan acceder a las víctimas a la justicia, siempre en pleno respeto de los derechos humanos que asisten a las personas encausadas.
La nota pública además señala que en ese marco, se recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Terrorismo y Derechos Humanos, señala con total claridad que los Estados tienen el deber de investigar, enjuiciar y castigar los actos terroristas, y luego de la comprobación de una efectiva vulneración de derechos humanos, castigar a los responsables; sin embargo, se debe considerar que errores en la investigación de estos actos, el uso discrecional de los tipos penales para obtener un rédito social inmediato y la imputación sin sustento fáctico, pueden no solo entorpecer una investigación, además, hacer que la misma se considere política y con ello generar la impunidad de posibles autores.
Asimismo se hace recuerdo que la Defensoría del Pueblo a través de múltiples comunicados, notas oficiales, y en especial en el Informe «Crisis de Estado» le ha demandado a las Autoridades competentes el esclarecimiento de todas las afectaciones de derechos y en especial de las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre el 21 de octubre al 23 de noviembre de 2019; la búsqueda de justicia debe tener como único fin el de responder a las víctimas y no permitir la imposición de la impunidad.
Finalmente se indica que esa la Defensoría del Pueblo estará en constante seguimiento de los procesos seguidos contra estas ex autoridades, como lo hizo en su oportunidad a favor de otras personas que ostentaron cargos de alta jerarquía en nuestro Estado Plurinacional.
