El legajo fue propuesto por la Defensoría del Pueblo
En un hecho por demás importante el Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, departamento de Chuquisaca, promulgó el jueves la Ley Municipal sobre Política de Asistencia Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Victimas de Feminicidio y el Decreto Municipal “Vivamos con Respeto y Sin Violencia”, elaborados y propuestos por la Defensoría del Pueblo a través de su Delegación Defensorial Departamental de Chuquisaca.
En ese sentido, la Defensora del Pueblo Nadia Cruz Tarifa, quien participó del acto de presentación de las normativas, destacó la voluntad política de las autoridades de ese municipio para trabajar en normas de protección para una población que se encuentra invisibilizada como son las y los huérfanos de madres víctimas de feminicidio, señala un comunicado de prensa de esa institución.
De acuerdo con informes oficiales Camargo es el cuarto gobierno municipal de Bolivia y el segundo en el departamento de Chuquisaca en promover una norma para atender la situación de desprotección y las repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes tras la muerte de sus madres
El 20 de noviembre del año pasado, la máxima autoridad ejecutiva municipal de Tomina promulgó similares normas legales para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Cruz precisó que estas normas fueron propuestas por la Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 870, Ley del Defensor del Pueblo, que tienen como objeto proteger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad a través de normas municipales frente al incremento de casos de violencia.
En lo que va de esta gestión, en Chuquisaca se registraron dos feminicidios y tres infanticidios.
Al respecto, activistas en defensa de los derechos de las mujeres, como Eulogia Tapia, lamentaron que en los varios casos de feminicidios, las víctimas reales son los hijos muchas veces son obligados a vivir con la familia de los feminicidas o en casos extremos a ser recluidos en hogares de acogida. Situación que en muchos casos no son valorados adecuadamente por las autoridades judiciales.