Con un signo de interrogante la asambleísta departamental, Wilma Magne planteó si es necesario reformar la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) toda vez que existen temas pendientes y merecen la implementación de políticas públicas concretas.
“Sorprende cuando incorporan el tema de la conciliación que en definitiva es un artificio por el que se agarran los violentos para librarse de una condena”, dijo la autoridad departamental.
Por ello consideró que no es necesario una reforma de la Ley 348, sino mejorarla con la incorporación de algún artículo que impulse la aplicación en la justicia y se eviten situaciones como la que solicitó en los últimos días el exasambleísta Marín Sandóval, suspendido de sus funciones por violencia de género en contra su pareja, retornar a sus funciones.
«Sería nefasto», dijo al señalar que de aceptar debatir el tema estaríamos contradiciendo lo que se sancionó en 2015 cuando fue expulsado por violencia contra su pareja. “Pero otro de los objetivos es cobrar los sueldos no cobrados desde 2016 hasta 2021”, dijo Magne, al señalar que como bancada opositora al MAS rechazarán cualquier intento de esta persona para retornar a sus funciones.
“Por eso creo que el 8 de marzo no es una fecha para festejar”, dijo en la entrevista que sostuvo este martes con Liderazgo de Mujer, para mencionar como ejemplo que no se cumple con el asesoramiento especializado que deben recibir las víctimas, al igual que la implementación de fiscales y forenses especializados, para atender exclusivamente temas de violencia de género.
En cuanto a la creación del Comité de Medios Estatales, conformado este martes a instancias del Viceministerio de Comunicación en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Magne fue clara al mencionar que el gobierno en 2019 también lanzo otro anuncio similar, la declaración de un decálogo de un plan de emergencia y urgencia “que a la fecha no se cumplió y menos el pacto para prevenir la violencia, anunciado con bombos y platillos”.
En ese sentido puso en el tapete el papel que deben cumplir los medios de comunicación al respecto, y que se encuentra establecido en la misma Ley 348.
“Con relación a lo anunciado corresponde recordar que la Ley 348 señala en el artículo 23. )Obligación de los medios de comunicación) Los medios de comunicación adoptarán las siguientes medidas:
“1. Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan o justifican la tolerancia, o que atenten contra los derechos de las mujeres.
“2. Destinar, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito para la difusión de mensajes que promuevan los valores establecidos en la presente Ley.
“3. Difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, privacidad y derechos, de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición gráfica que constituya humillación, exposición pública y/o degradante”.
Por todo lo anteriormente señalado, consideró de “innecesario crear un Comité, dicho de paso al ser de medios estatales, se duda de su imparcialidad porque en medio existe afinidad política ideológica, al margen de generar solo burocracia. En resumen conforme el articulo señalado los medios de comunicación han incumplido lo señalado en la Ley 348”.
