La Defensoría del Pueblo pidió este miércoles al Ministerio de Salud asegurar un proceso transparente en la aplicación y distribución del lote de 500.000 vacunas contra la COVID-19 que llegó al país este miércoles, procedente de la República Popular de China.
“Celebramos la llegada del medio millón de vacunas contra el coronavirus e instamos a las autoridades de salud encargadas de la implementación del plan de inmunización, a garantizar que la aplicación de estas vacunas se realice en un marco de transparencia y que lleguen a los grupos priorizados”, manifestó la Defensora del Pueblo Nadia Cruz.
La Autoridad demandó la necesidad de que se apliquen mecanismos de mayor control en el suministro de las vacunas para evitar que puedan surgir irregularidades como las que se denunciaron sobre el supuesto desvío del medicamento para favorecer a personal de la Clínica Foianini, Prosalud y otros centros privados, además de funcionarios de niveles gerenciales, jefes médicos y personal administrativo de Cajas de Salud.
“Si bien ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las denuncias, es importante que exista celeridad para identificar a los funcionarios que pudieron haber incurrido en esas irregularidades y determinar responsabilidades y sanciones; y realizar un trabajo conjunto entre todos los niveles del Estado para transparentar los procesos de vacunación y garantizar el cumplimiento de los lineamientos internacionales para la priorización de grupos vulnerables en la inmunización”, manifestó Cruz.
La Defensora, también exhortó a los Servicios Departamentales de Salud a atender las recomendaciones por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el documento “Ética y COVID-19”, priorizar la inmunización de los grupos prioritarios, conforme lo establece la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), y garantizar el derecho de acceso a la información de la población, respetando los estándares interamericanos sobre transparencia y combate a la corrupción, en cuanto a la distribución y aplicación de la vacuna.
La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) consideran que las vacunas contra la COVID-19 deben cumplir con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad relativos al derecho a la salud.
Para ello demanda a los Estados medidas concretas que deben asumir para favorecer en la asequibilidad de todas las personas, lo que implica que el acceso a las vacunas sea de forma gratuita, al menos para las personas de menores ingresos o en situación de pobreza, asegurando que el poder adquisitivo de las personas no resulte un factor que impida o privilegie su inmunización.