La Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, inició el 12 de enero, en Desaguadero, el trabajo en mesas técnicas de discusión y consenso las propuestas para modificar la Ley 348.
En esos encuentros donde participan instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, se buscan insumos para cambiar la norma sobre la base de la experiencia de las instituciones, las políticas de prevención y atención, persecución y sanción penal, y relacionados a la protección, reintegración y reconstrucción de los proyectos de vida de las mujeres víctimas y de sus dependientes.
De acuerdo con el comunicado de prensa que se encuentra en la página de la institución defensortial las reuniones continuarán en diferentes regiones del país hasta el 15 de este mes, bajo el siguiente cronograma: 13 de enero en Pando y Beni, 14 en Riberalta, Santa Cruz, Puerto Suárez, Oruro, Llallagua, Monteaguado, Yacuiba, Chapare y El Alto, y 15 de enero en Potosí, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, La Paz y Yungas.
Aspectos a modificar
La Defensoría del Pueblo considera que es prioritario modificar la Ley 348 en los siguientes aspectos:
Revertir la derogación del numeral 2 del artículo 23 de la Ley N° 348, a fin de que los medios de comunicación coadyuven en la difusión de contenidos de prevención. Establecer la obligatoriedad y presupuesto para una estrategia comunicacional para informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia.
Incorporar la obligación estatal de implementar políticas públicas para la prevención de la violencia ginecobstetricia.
Garantizar la atención continua, sostenible y especializada de los SLIMs, con la obligatoriedad de institucionalizar a su personal. Crear un Programa Nacional Integral de restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en coordinación con los GADs y GAMs. Crear un sistema único de atención de mujeres víctimas de violencia en la Felcv.
Crear un programa específico y diferenciado del Programa de Apoyo al Empleo, articulado a las Casas de Acogida y Refugios Temporales. Crear el Fondo de Reparaciones para mujeres víctimas de violencia, con base en los impuestos a las bebidas alcohólicas. Establecer medidas asistenciales para garantizar a las niñas, niños y adolescentes de madres víctimas de feminicidio, el Derecho a un Nivel de Vida Adecuado, mediante un monto económico para la alimentación, vivienda y ropa.
Crear un programa para efectivizar el proceso de rehabilitación de los agresores, trabajo comunitario y asistencia a terapia, a través del Programa Nacional y los GADs.
Crear mínimamente 48 nuevos juzgados y tribunales en materia de violencia y 13 equipos interdisciplinarios exclusivos para la temática.
Incorporar la figura del Acoso Sexual Callejero, como un nuevo tipo penal, tipificar la violencia digital y establecer la violencia psicológica como delito independiente.