Al menos 13 organizaciones y colectivos feministas de Bolivia, Perú y Argentina se declararon en estado de emergencia ante la situación que pasa una niña de 11 años a quien, dicen, la obligan a ser madre a pesar de que existe normativa que apoya una interrupción legal de su embarazo.
El comunicado que emitieron señala: “Vulnerando derechos, normativa y legislación vigente en favor a los derechos de las niñas y mujeres en los últimos días los medios de comunicación han hecho show amarillista irresponsable sobre la vida y embarazo de una menor de edad de 11 años que sufrió violación por parte de su abuelastro”.
En tal sentido argumentan que: “… siendo los niños, niñas y adolescentes un bien jurídico protegido por el Estado conforme el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, las autoridades e instituciones pertinentes deben intervenir inmediatamente por el interés superior de la niña ya que de seguir el embarazado se pone en grave riesgo la vida y salud de una niña de 11 Años que biológica y psicológicamente no está preparada para asumir una maternidad”.
Además, de apoyar las acciones asumidas por la Defensoría del Pueblo en defensa de la infante, solicitan celeridad y transparencia en todas acciones presentadas en contra de los responsables por acciones y omisiones cometidas dentro del presente caso de violación a una niña de 11 años que ahora es obligada a ser madre.
Por ello convocan a todas las organizaciones colectivas feministas, activistas, personal naturales y jurídicas que puedan realizar un llamado a sus “conciencias y a cuestionar los discursos basados en dogmas religiosos que normalizan y legitiman la pedofilia, estupro y la subordinación de las mujeres”.
Aclaran que a pesar de que el “pedófilo” (abuelastro) se encuentra con detención preventiva, el problema es el actuar de la Iglesia Católica, organizaciones autodenominadas “Providas”, Instituciones Estatales, Gobierno Central, Gobernación de Santa Cruz, Gobierno Municipal de Yapacaní y las Defensorías de la Niñez, que están interfiriendo en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que corresponde por ley según la Sentencia Constitucional No. 206/2014 del 5 de febrero de 2014 que establece la interrupción del embarazo “en situación de que la mujer haya quedado embarazada a raíz de una violación”, hecho que en el presente caso aconteció.
“Como organizaciones y colectivas feministas que luchamos continuamente en pro de los derechos de las mujeres y niñes, repudiamos y rechazamos el actuar de grupos religiosos que basados en fundamentos dogmáticos han impedido la interrupción Legal del embarazo de la menor de edad, y han persuadido en la voluntad a su madre para continuar con un embarazo producto de una violación, poniendo en riesgo la salud física y emocional y hasta la propia vida forzando a la niña aprovechándose de su vulnerabilidad”, agregan.
Además, consideran que, “la Conferencia Episcopal de Santa Cruz apoyado por múltiples grupos fundamentalistas manejan un discurso que legitima la pedofilia y el estupro normalizando estos hechos atroces que atentan con la seguridad de las mujeres y niñas bolivianas”.
Cuestionan además que la niña que se encuentra en etapa de crecimiento y no se encuentra preparada biológicamente ni emocionalmente para sobrellevar un embarazo, menos un parto. “Lo que está haciendo la Iglesia Católica es obligar a dejar su niñez para volverse madre, la está sometiendo a cargar con el producto de una violación de un hombre de 61 años”, señalan.
El pronunciamiento lo firman: Yuyay Ninamanta – Sucre, Colectivo Ñañas, SMTC-Independientes, Warmis Troneras- El Alto, Articulación de Mujeres y feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto, Salvaginas Colectiva Ecofeminista, Por Pluma Espacio Cultural Activista Nadia Callaú y Nelly Vasquez- Santa Cruz Fdo. Ni una Migrante Menos Bolivia, Mujer Sin Rostro – El Alto, Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú, Ni Una Migrante Menos Argentina, Asociación Civil Yanapacuna, Argentina y Movimiento Centro Americano 2 de Marzo, Argentina.
Foto: Público