La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será la instancia internacional al que recurrirá la Defensoría del Pueblo para salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años violada en Yapacaní (por el padre de su padrastro) cuyo proceso de Interrupción Legal de Embarazo fue interrumpido por la mediación de autoridades de la Iglesia Católica.
“Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se apliquen medidas cuatelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano”, dijo la Defensora Nadia Cruz.
La decisión de acudir a instancias internacionales es parte del compromiso institucional con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar tres acciones legales.
Estas acciones son una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares.
“Estamos presentando una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que ha intervenido, para que la instancia competente, es decir, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, detalló la autoridad defensorial.
En alusión a un informe de la Organización Panamericana de Salud (OPS) las niñas menores de 15 años de edad tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor edad. “Esperemos que sea la acción de libertad o la medida cautelar la que genere el impulso suficiente para que el Estado asuma su deber de protección y de garantía en este caso”, acotó.
Texto: Defensoría del Pueblo
Foto: Archivo