La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, lamentó este viernes que autoridades municipales, del departamento de Cochabamba, no asistieran al noveno foro de socialización de propuestas en el marco de la modificación de la Ley 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), a pesar de haber sido invitadas.
“La violencia, realmente es un problema, es un flagelo que sufre la sociedad boliviana y Latinoamérica, entonces tenemos que reflexionar, tenemos que debatir, como autoridades tenemos que dar respuestas a la población (…) la lucha contra la violencia no puede tener colores políticos”, reflexionó.
En referencia al tema de la socialización para modificar la Ley 348 Huacani explicó que, una de las falencias con mayor observación a la norma, es la retardación de justicia y la corrupción en el ámbito judicial, y aclaró que el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen la potestad de pedir informes y fiscalizar al Órgano Judicial.
“Lamentablemente la justicia ha quedado en manos de pocos, esos pocos que a veces son inalcanzables y que supuestamente son las personas idóneas, pero no está funcionando y por eso es importante reflexionar entre todos, cómo podemos llegar al equilibrio, como podemos lograr que nuestra normativa se pueda plasmar en la realidad y para eso todos tenemos que aportar”, dijo.
A su turno, la diputada Olivia Guachalla, refirió que una de las consecuencias de la pandemia del Covid-19 fue el incremento de la violencia y reiteró el compromiso de las autoridades para seguir trabajando en esta temática y apoyar en el fortalecimiento de la Ley 348.
“Cuán importante es este compromiso con las mujeres. En pandemia, vimos que han incrementado los indicies de violencia hacia la mujer y los feminicidios. Hemos visto en carne propia situaciones muy difíciles, hemos ido acompañar realidades muy dolorosas y que nos parten el alma”, añadió.
Nosotros mismas, dijo Guachalla, como autoridades electas hemos sido víctimas de atropello y vulneraciones a nuestros derechos, es lamentable como sigue la violencia.
Para el delegado Defensorial de Cochabamba, Edgar Flores Araoz, el rol de las instituciones públicas en tema de lucha contra la violencia debe ser rescatar todas las experiencias y enriquecer este documento de propuestas a la Ley 348 y llegar hacer esta norma un instrumento más eficaz y más útil para dar respuestas a esta sensible tarea que nos toca las instituciones de la sociedad civil.
El encuentro en la capital del Valle contó con la participación de la Federación Departamental de Mujeres “Bartolina Sisa”, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Gobernación de Cochabamba, representantes del Ministerio Público, la Asociación de Personas con Discapacidad, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y organizaciones y colectivos inmersos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia.
Crédito de foto y texto: Ministerio de Justicia