Marynès Salazar
Directora de Psinergia
Diversas organizaciones de la sociedad civil, activistas, sobrevivientes y especialistas que participaron en la revisión del Proyecto de Ley N°10, denominado “Brisa”, informan a la opinión pública sobre los avances del proceso legislativo y alertan sobre la circulación de desinformación que busca frenar su aprobación.
El Proyecto de Ley N°10 propone modificaciones al Código Penal orientadas a fortalecer la protección de infantes, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual. Entre sus principales medidas se encuentran la incorporación del tipo penal de violación incestuosa, la eliminación del delito de estupro para que estos casos sean juzgados como violación, y el reconocimiento de la falta de consentimiento como elemento central del delito.
Esta propuesta normativa fue aprobada en la Cámara de Senadores en 2024 y reintroducida en la actual gestión legislativa por la diputada Andrea Ballivián, en cumplimiento de una sentencia de la (Corte IDH), cuyas disposiciones son de carácter obligatorio para el Estado boliviano.
Durante las jornadas de análisis convocadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en las que participaron representantes de organizaciones sociales, sectores académicos y grupos religiosos, se revisó el proyecto y se incorporaron mejoras técnicas. En este proceso también se desvirtuaron una serie de afirmaciones falsas difundidas por sectores opositores.
Entre las principales aclaraciones destacan:
El proyecto no está dirigido contra un género específico; protege a niñas, niños y adolescentes sin distinción.
La eliminación del estupro no implica impunidad, sino una adecuación para sancionar estos hechos con mayor rigor como violación.
La inclusión de la violación incestuosa busca visibilizar y sancionar un delito que frecuentemente se oculta en el entorno familiar.
La ley no es retroactiva y respeta los principios constitucionales vigentes.
Existen mecanismos legales para sancionar denuncias falsas, por lo que no se justifica el argumento de persecución generalizada.
Asimismo, se enfatizó que Bolivia registra en promedio 30 denuncias diarias de violencia sexual contra menores de edad, lo que evidencia la urgencia de fortalecer el marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos.
A pesar de que el proyecto consensuado estaba listo para su presentación ante la Cámara de Diputados, su tratamiento ha sido postergado en reiteradas ocasiones. El pasado 15 de abril, la Comisión volvió a abrir el debate a grupos opositores, retrasando nuevamente su aprobación.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para priorizar el tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley N°10, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y en resguardo de los derechos de la niñez y adolescencia.
Finalmente, exhortan a la ciudadanía y a los medios de comunicación a informarse a partir de fuentes verificadas y a no reproducir información falsa que debilita los esfuerzos colectivos por garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
Análisis y Foto Marynès Salazar Directora Psinergia