Funcionarios públicos con inamovilidad laboral denunciaron la vulneración de sus derechos constitucionales tras haber sido apartados de sus funciones, pese a que la legislación boliviana les otorga una protección especial por su condición de tutores de personas con discapacidad, por lo que exigieron su reincorporación inmediata y el restablecimiento de todos sus derechos laborales y sociales.
Los afectados aclararon que el reciente COMUNICADO emitido por el Ministerio de la Presidencia, encabezado por el ministro José Luis Lupo, no guarda relación con su situación jurídica, por lo que rechazaron las interpretaciones difundidas por algunos medios de comunicación que intentan hacer creer que dicho pronunciamiento alcanza a los servidores públicos con inamovilidad laboral.
Recordaron que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho al trabajo digno, a la estabilidad laboral, a la salud, a la seguridad social y a la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, señalaron que la Ley N.º 223, Ley General para Personas con Discapacidad, y su normativa reglamentaria garantizan la inamovilidad laboral de las madres, padres, tutores o cónyuges responsables del cuidado de personas con discapacidad, prohibiendo su desvinculación mientras subsistan las condiciones que dieron origen a esa protección.
En ese sentido, afirmaron que la decisión de mantenerlos alejados de sus funciones constituye una vulneración de derechos fundamentales, al afectar no solo su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, sino también los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la seguridad social y la dignidad humana, protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Bolivia.
Los funcionarios expresaron su profunda preocupación por uno de los trabajadores afectados, quien padece cáncer.
Denunciaron que, como consecuencia de su desvinculación, perdió la cobertura de su seguro de salud, impidiéndole continuar con sus sesiones de quimioterapia. Advirtieron que esta situación pone en grave riesgo su vida e integridad, constituyendo una vulneración a su derecho a recibir atención médica oportuna y continua.
«Cuando se priva ilegalmente a un trabajador con inamovilidad laboral de su empleo y de su seguro de salud, no solo se incumple la ley; se pone en riesgo su vida y la de su familia. Estamos frente a una vulneración de derechos fundamentales que el Estado tiene la obligación de proteger», manifestaron.
Los afectados sostuvieron que corresponde a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia adoptar las acciones necesarias para disponer su reincorporación inmediata, restituir el pago de salarios y reactivar su cobertura de salud, evitando que continúe el daño ocasionado.
Finalmente, anunciaron que acudirán a todas las instancias administrativas, constitucionales y judiciales competentes para exigir el cumplimiento de la Constitución, la Ley N.º 223 y las normas que garantizan la inamovilidad laboral, advirtiendo que el desconocimiento de estos derechos podría generar responsabilidades para las autoridades que mantengan esta situación.
Nota jurídica: Si el caso es específicamente de padres, madres, tutores o cónyuges de personas con discapacidad, conviene citar expresamente el Decreto Supremo N.º 27477, modificado por el Decreto Supremo N.º 29608, además de la Ley N.º 223, porque son las normas que desarrollan la protección de la inamovilidad laboral y fortalecen jurídicamente la exigencia de reincorporación.
Texto y Foto Liderazgo de Mujer