El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó el Decreto Supremo 5600, una nueva normativa orientada a desmantelar lo que calificó como un “sistema de corrupción instituido durante casi 20 años” en Bolivia, basado en contrataciones directas sin licitación y falta de control estatal.
Durante su intervención, la autoridad señaló que los casos expuestos —incluyendo hospitales inconclusos, infraestructura abandonada y adquisiciones cuestionadas— son solo una muestra de un problema estructural más amplio.
“No son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente”, afirmó.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran unidades de radioterapia paralizadas en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí con apenas un 14% de avance, la compra de 702 ambulancias por 64 millones de dólares sin licitación, y proyectos como el aeropuerto de San Ignacio de Velasco y el museo de Orinoca, catalogados como obras sin retorno social.
Según el ministro, el núcleo del problema radica en la existencia de 161 decretos que permitían adjudicaciones directas, de los cuales 105 no tenían límite de monto, habilitando su uso discrecional en cualquier momento. El impacto económico de estas disposiciones supera los 7.930 millones de bolivianos y más de 96 millones de dólares.
El nuevo decreto tiene tres objetivos principales:
Transparentar todas las contrataciones directas del Estado.
Eliminar los mecanismos que permitían el direccionamiento de contratos, mediante la anulación de los 161 decretos.
Revisar y auditar las decisiones pasadas para establecer responsabilidades.
“El Gobierno ha decidido no mirar a un costado.
Vamos a ordenar, transparentar y corregir”, enfatizó Lupo, quien también aseguró que no se trata de una persecución política, sino de garantizar que quienes hayan cometido irregularidades respondan ante la ley.
La autoridad subrayó que la medida busca marcar un punto de quiebre en la gestión pública, reemplazando un sistema “opaco” por uno basado en reglas claras, control institucional y resultados para la ciudadanía.
Finalmente, el ministro destacó que el objetivo central es recuperar la confianza de la población en el Estado. “Los recursos de los bolivianos son sagrados. Este decreto es un paso fundamental para asegurar que estén al servicio de la gente”, concluyó.
Texto y Foto Liderazgo de Mujer