La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Consejo de la Magistratura el inicio de procesos disciplinarios para la destitución del Juez y Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil Comercial 3ero de La Paz, por ejecutar erróneamente un mandamiento de desalojo con uso excesivo de la fuerza en contra de una mujer de la tercera edad que actualmente permanecde en la calle.
El 13 de julio en la zona Villa San Antonio se desplazaron la Oficial de Diligencias, Notaria de Fe Pública, el abogado de la parte demandante, 15 efectivos policiales, representantes de POFOMA, personal de la Plataforma del Adulto Mayor y Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambas instancias dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, un cerrajero y 20 estibadores, para desalojar a Agustina Yujra Vda. de Aguilar, de 75 años, recordó Cruz.
Todos ellos, dijo la Defensora, ingresaron al inmueble donde Agustina Yujra vivió por más de 50 años, “los efectivos policiales hicieron uso desproporcional de la fuerza, rompieron puertas y ventanas, vulneraron los derechos fundamentales de la víctima y su familia, así como la integridad psicológica de los afectados”.
En ese intento arrestaron al hijo de Agustina, Edwin Aguilar Yujra, y lo condujeron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde le iniciaron una investigación penal por el delito de incendio, aunque posteriormente la autoridad judicial dispuso la medida sustitutiva de detención domiciliaria.
Esta situación fue motivo de una investigación por parte de la Defensoría y en una reunión señaló que el Juez Público Civil y Comercial 3ero, Fausto Calle Mamani, admitió que incurrió en un error al ejecutar el mandamiento de desapoderamiento, aunque lo atribuyó a la mala fe de la parte demandante, Rodrigo Arturo Meneses Mollinedo, pues su inmueble era otro, y argumentó que la defensa de Agustina Yujra, no habría presentado adecuadamente la vía legal para hacer respetar su derecho propietario.
Con el expediente en mano, la autoridad defensorial apuntó que se constató que Yujra activó recursos legales para resguardar su derecho propietario, pero que cada uno de ellos fueron rechazados por la autoridad judicial, a través de autos interlocutorios, pese a saber que la propiedad de Meneses era otra.
Por tanto, se solicitó al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de los efectivos y autoridades policiales que efectuaron, instruyeron o consintieron, los actos desproporcionados en el uso de la fuerza.
Añadió que demanda al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que inicie las investigaciones y procesos administrativos correspondientes, respecto a su personal que participó en el desapoderamiento.
Luego de exigir los procesos disciplinarios en contra del Juez y Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial 3ero, indicó que solicita al Consejo de la Magistratura que disponga el inicio de una auditoria jurídica a este proceso civil, así como a otros de similar contenido que estuviesen siendo ventilados por el Juez Fausto Calle Mamani.
Además, se activaron los pasos legales como un incidente de Tercería de Dominio Excluyente, por la vía ordinaria, y que la institución defensorial exigió que éste sea resuelto en los plazos legales y el 25 de julio se emitió la Resolución N.° 506/2022, a través de la cual el juez dispuso excluir del proceso en cuestión el inmueble de Yujra.
Texto y foto: Defensoría del Pueblo