El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió este sábado la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, bajo el argumento de que el Estado debe priorizar la inversión en salud e infraestructura sobre la subvención de combustibles.
La autoridad aseguró que la medida fiscal busca el desarrollo del país y que el ajuste económico vendrá acompañado de responsabilidad social.
“Las decisiones como las que hemos tomado en torno a la subvención al diésel, que son parte de un proceso que ustedes han visto que viene iniciado ya desde hace varios meses atrás, tienen que entenderse en el marco de esa perspectiva. Durante años este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía”, dijo el ministro.
La autoridad justificó la reducción de la subvención al diésel como una medida urgente para corregir las graves distorsiones financieras que afectaban al país.
Según la información proporcionada, el subsidio estatal a los combustibles representaba un costo de 3,9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivalía a un gasto promedio de 55 millones de dólares semanales (unos 2.600 millones de dólares al año).
La administración de Paz Pereira argumentó que el sistema de precios artificiales no solo dañaba la economía y agotaba las reservas internacionales, sino que beneficiaba de manera desigual a la población: más del 50% del beneficio se concentraba en los sectores de ingresos altos, mientras que solo el 7% llegaba a los hogares pobres.
Asimismo, se denunció que gran parte del combustible subvencionado terminaba en manos de bandas criminales dedicadas al contrabando fronterizo.
Protección social
“El ajuste económico tiene que venir con protección social y, naturalmente, con responsabilidad fiscal. A eso obedecen ese conjunto de medidas”, remarcó Aramayo.
Para mitigar el impacto del ajuste y garantizar la protección social, el Gobierno nacional lanzó un paquete de medidas económicas estructurales.
Se implementará el bono “PEPE 2”, el cual incrementará su monto en un 50% hasta alcanzar los 300 bolivianos. Esta medida beneficiará a cerca de 2,9 millones de personas con una inversión total de Bs 874 millones.
Además, se dispondrá de hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales con una tasa de interés anual del 6%. Estarán dirigidos a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos y pequeños productores, con montos que oscilan entre los 50.000 y 400.000 bolivianos.
Igualmente se eliminarán los impuestos de importación para insumos productivos, maquinaria, bienes de capital, semillas y drones. Adicionalmente, se ampliará el “perdonazo tributario” por un lapso de 120 días, beneficiando a unos 200.000 contribuyentes.
Generación de empleo
A través del plan de reactivación con gobiernos subnacionales, se proyecta recuperar 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos, buscando resarcir los daños del reciente bloqueo de 53 días, que dejó pérdidas de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.
Emergencia energética
“La experiencia internacional está mostrando además que todos los países estamos enfrentando una emergencia energética. Antes de la guerra en Irán, el precio del barril de petróleo estaba alrededor de 65 dólares Llegó a 125 y no ha variado sustantivamente”, indicó Aramayo.
El ministro de la Presidencia afirmó que la reactivación económica del país depende directamente de la consolidación de un escenario de paz social. El reciente bloqueo de caminos que paralizó los caminos durante 53 días impidió la ejecución de una cartera de proyectos de infraestructura previstos para las regiones de Pando, La Paz, Copacabana, Santa Cruz, Oruro y Potosí.
Finalmente, aseguró que su administración se concentra actualmente en pacificar los conflictos sectoriales para retomar con normalidad la agenda de desarrollo regional.
Texto y Foto : Ministerio de la Presidencia