En el último período, Bolivia experimentó una transición significativa con la posesión del presidente Rodrigo Paz. Este cambio no solo marcó una nueva fase en la política interna, sino que definió con notable claridad la orientación que el país asumiría en el escenario internacional. La nueva administración ha optado por alinearse con el eje de influencia imperialista occidental, impulsando un acercamiento diplomático con actores que, durante años, estuvieron distantes por razones históricas, ideológicas y humanitarias.
Como primer movimiento, Bolivia restableció relaciones con Estados Unidos después de 17 años de ruptura. De manera paralela, manifestó su interés en normalizar relaciones con Israel, decisión que contrasta profundamente con la política exterior que Bolivia mantuvo en defensa de la autodeterminación de los pueblos, el anticolonialismo y los derechos humanos.
Fue el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Bolivia e Israel presentado por Bar Tal, director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Sin embargo, detrás de ese discurso celebratorio se oculta un trasfondo político delicado. El giro diplomático hacia un Estado que enfrenta acusaciones formales ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones graves del derecho internacional humanitario plantea interrogantes sobre la coherencia ética del Estado boliviano.
En los últimos años, Bolivia mantuvo una postura firme en respaldo a Palestina, fundamentada en principios históricos de soberanía, antiimperialismo y defensa de los pueblos sometidos. Tras la “Operación Plomo Fundido”, que dejó más de 1.400 palestinos muertos, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel, calificándolo como “Estado terrorista” bajo el gobierno de Evo Morales. Posteriormente, durante la gestión de Luis Arce, el país sostuvo esa línea de condena.
En 2023, Bolivia volvió a cortar todo vínculo diplomático en rechazo a la ofensiva israelí sobre Gaza, caracterizada por la comunidad internacional como desproporcionada y potencialmente constitutiva de crímenes internacionales. En 2024, apoyó abiertamente la admisión plena de Palestina como miembro en la Asamblea General de la ONU y reclamó la democratización del Consejo de Seguridad, señalando que el veto perpetúa un orden injusto y obstaculiza la paz. Finalmente, en 2025, Bolivia se sumó a las demandas internacionales para que Israel sea sometido a la Corte Internacional de Justicia por presuntas vulneraciones al derecho humanitario.
Giro ideológico
Ante el anuncio de la recomposición de relaciones diplomáticas, se evidencia un giro rotundo en la orientación ideológica de nuestro país, bajo el supuesto propósito de una política exterior de apertura al mercado internacional para Bolivia y de nuevas oportunidades de integración a la comunidad internacional; paradójicamente, esta decisión da la espalda a la histórica solidaridad con el pueblo palestino. Al restablecer relaciones sin exigir garantías de cumplimiento de estándares humanitarios, Bolivia envía un mensaje ambiguo que puede interpretarse como una normalización tácita de un conflicto marcado por acusaciones sistemáticas de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Además, niega el significado histórico de nuestra identidad nacional, alineándose acríticamente con una postura occidental que, de manera recurrente, ha ignorado o minimizado las demandas de los pueblos sometidos. Surge así una interrogante central: ¿hasta qué punto el nuevo gobierno está dispuesto a sacrificar su coherencia histórica y su memoria anticolonial en nombre de una supuesta “integración al eje occidental”, apoyando a potenciales actores vulnerantes de la autonomía del pueblo palestino?
Bolivia necesita una política exterior que no solo responda a intereses momentáneos, sino que honre nuestra memoria histórica y nuestra responsabilidad como país que ha defendido, en foros multilaterales y en su propia narrativa fundacional, la dignidad de los pueblos.
Desde una perspectiva histórica, la decisión del gobierno boliviano tensiona el compromiso moral que deberíamos sostener como una nación que vivió invasiones, saqueo de recursos y sometimiento estructural. Apoyar, directa o indirectamente, a un Estado acusado por organismos internacionales de prácticas coloniales contemporáneas traiciona los valores fundamentales que conforman nuestra identidad política.
En consecuencia, un país marcado por la imposición etnocéntrica, colonialismo, explotación y violencia estructural, al apoyar a un Estado acusado de prácticas similares hacia otro pueblo y al restablecer relaciones sin una reflexión crítica solo nos demuestra que este “logro diplomático” no es más que una máscara de hipocresía que pretende encubrir el cinismo del nuevo gobierno al renunciar a los principios históricos de Bolivia. La posición del gobierno de Rodrigo Paz es clara: enlistarse como un cómplice encubierto de un crimen que se desarrolla a vista del ojo internacional.
Texto y foto: Medium