En un ambiente de interés, los ejecutivos de Fundación Milenio dieron a conocer los resultados del trabajo de consolidación de lo que sería la nueva Estrategia de Desarrollo Minero (EDM) en Bolivia cuyo objetivo es que, entre 2025 y 2030 la participación minera en el Producto Interno Bruto (PIB) pase del 5,25% al 10% con una inversión estimada de $us 5 mil millones.
«Con normas eficientes, que aseguren certidumbre, mayor inversión privada extranejra y nacional, modernización institucional y una drástica reducción del impacto ambiental de las operaciones posible pasar de 2.751 millones que representa actualmente la participación de la minería en el PIB a 5.322 millones de dólares», afirmó el representante de Fundación Milenio Henry Oporto.
El desarrollo de la propuesta fue presentada por el proyectista Jaime Villalobos, quien describió que el trabajo consta de dos ejes: el primero relacionado a la promoción de la inversión minera, con apertura a la inversión extranjera, en un marco jurídico que proporcione al sector privado libertad económica, ventajas competitivas, seguridad y estabilidad en sus proyectos.
Como segundo eje, dijo durante la exposición, es la necesidad de de frenar la informalización creciente de la actividad minera, mediante la formalización de las cooperativas mineras y su conversión en unidades productivas eficientes y responsables.
Villalobos, explicó que el potencial minero en Bolivia es grande e importante por la cantidad de riqueza mineralógica existente lo que plantea la necesidad de hacer modificaciones a la actual normativa; ante esa demanda se presentó el Anteproyecto de una nueva Ley Minera que tiene el propósito de reforzar el derecho minero mediante la figura de Concesión Minera.
En la misma propuesta, se menciona como un elemento importante crear la superintendencia de Minas (en lugar de la AJAM), como una entidad independiente encargada de administrar los procesos de otorgamiento de derechos mineros y el cumplimiento de obligaciones inherentes a dichos derechos, junto con el «establecimiento de la judicatura minera a cargo de un Juez de Minas».
También se propone, destinar el pago del 5% del pago de la regalía minera para beneficio directo de las comunidades rurales colindantes con el área de impacto del emprendimiento minero.
«Nuestra minería debe dotarse de un sistema institucional sólido, eficiente y transparente, basado en los méritos, el profesionalismo, la estabilidad funcionaria, la probidad y vocación de servicio, la autonomía de gestión el apego y cumplimiento estricto de la ley», dijo Oporto.
Texto: Liderazgo de Mujer, R&B
Foto: Liderazgo de Mujer