El Gobierno promulgó este miércoles el Decreto Supremo 5245 para poner en marcha las iniciativas que coadyuvarán en el control del traslado y comercialización de alimentos en las fronteras. Esta norma regula la Ley 100 de 2011, además, establece como un delito el traslado de alimentos y lo sanciona con una pena privativa de libertad de entre 10 y 14 años.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva Trujillo dijo que la promulgación del Decreto Supremo de Control Fronterizo y Seguridad Alimentaria, que establece sanciones más severas para frenar el contrabando de alimentos y proteger el abastecimiento interno.
“Esta norma nos permitirá actuar de manera inmediata para detener el tránsito ilegal de alimentos que vulnera nuestra seguridad alimentaria”, afirmó.
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez, dijo que en estas acciones intervendrán el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) Chichas, ubicado en Tupiza, en la frontera con Argentina; el CEO Chaco en Tarija; el CEO Plata, que está en el departamento de Santa Cruz; el CEO Mamoré, en Beni; y el CEO Amazonas, en Pando.
El decreto regula las cantidades permitidas para el transporte de productos hacia zonas fronterizas, garantizando que no se exceda lo requerido para el consumo local.
Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la lucha contra el contrabando y la protección del acceso a alimentos para la población boliviana, precisó Silva.
Texto: Liderazgo de Mujer, Min. Justicia
Foto: Min. de Justicia