La primera sesión de la gestión 2023 del Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia”, sirvió para evaluar el trabajo institucional desarrollado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se identificó temas en los que se acordó avanzar para cumplir de manera efectiva con la defensa de los derechos de este sector de la población.
Este trabajo estuvo presidida por la viceministra de Igualdad de Oportunidades (VIO), Nadia Cruz Tarifa, quien indicó que no se justifica asignar más recursos cuando el sistema de justicia no responde a las demandas de las víctimas de violencia y no se evidencia avances en los procesos penales. Puso de ejemplo que desde hace más de 11 años en que fue aprobada la Ley 243, hasta la fecha, de más de 500 procesos apenas se cuenta con cuatro sentencias por acoso y violencia política.
En esta primera sesión que se llevó adelante en el salón Rodolfo Illanes de esta cartera de Estado se recomendó investigar los 4.459 casos contra policías a efecto de establecer si estos se desarrollaron en el marco de la debida diligencia y acceso a la justicia; como resultado de estas investigaciones, se recomendó que la Policía Boliviana facilite la información para este cometido.
El consejo aprobó que esta cartera de estado (VIO), el Ministerio Público, la FELCV y el Órgano Judicial aseguren la articulación interinstitucional en territorio a nivel de las redes locales y en los municipios que la integran, de tal manera que se garantice la ruta de atención y protección a las víctimas de violencia conforme establece la normativa vigente.
Según los datos presentados, hasta agosto de este año, apenas 92 de 339 municipios reportaron los casos en el RUV, los años anteriores muestran la misma tendencia. Ante esta omisión por parte de los gobiernos municipales, la Viceministra les recordó la obligatoriedad que tienen de reportar los casos de violencia hacia mujeres atendidos en sus municipios, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 50 de la Ley 348.
Las participantes del Consejo Sectorial.
La Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional informó que ingresó a 131 municipios del país, entre abril y junio de este año, para verificar el trabajo que desarrollan los servicios municipales de atención a víctimas de violencia, donde evidenció que, pese a las limitaciones existentes, se cuenta con servicios legales integrales municipales (SLIM), y defensorías de la niñez y adolescencia (DNA), no obstante, “identificó lo contrario en cuanto a la cantidad de oficinas de la FELCV que solo se encuentra en los municipios con mayor población, igualmente, el Ministerio Público y las instancias jurisdiccionales son las que menor institucionalidad territorial tienen”.
Otro punto acordado es que los ministerios, gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales deben iniciar el trabajo para la adecuación normativa interna que establezca un procedimiento administrativo para las denuncias, faltas y sanciones de acoso y violencia política en el marco de lo establecido por la Ley 243.
Al respecto, se identificó que ninguna de las nueve asambleas legislativas departamentales adecuó su normativa; también se identificó que, de 140 municipios evaluados, el 57% no cumplió con lo dispuesto en los artículos 8, 16. II, 17, 18 y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 243. Respecto al Órgano Ejecutivo, de 13 ministerios, ocho tampoco cumplieron.
Finalmente se presentó la propuesta de construcción de la “Agenda 11/25” que plantea poner en agenda pública las actividades desarrolladas por las instituciones que son parte del consejo, para promocionar los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia hacia ellas; esta agenda se desarrollaría entre el 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Texto: Liderazgo de Mujer; VIO
Fotos: VIO