Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo reveló que autoridades y exautoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) incurrieron en omisión porque no iniciaron un proceso administrativo en contra de un docente de la carrera de Comunicación Social acusado de acoso sexual por una estudiante.
“Existen indicios suficientes de la existencia de violencia en la forma de acoso sexual por parte del docente en contra de la estudiante y recomienda iniciar un proceso administrativo en contra del denunciado’, las autoridades universitarias omitieron el deber de denunciar este delito ante las instancias competentes conforme establece la Ley 348”, remarcó la delegada Defensorial de La Paz Mabel Martínez.
Precisó que existen evidencias de incumplimiento de la debida diligencia ante una denuncia de acoso sexual hecha por una estudiante de Comunicación Social de la UMSA en 2018, quien habría sido sometida a actos de acoso sexual por parte del docente R.R.Q.R.
La prueba de este ilícito se respalda en una solicitud efectuada por la Comisión contra el Acoso Sexual de la carrera de Comunicación Social de la UMSA, dirigida al entonces Rector Waldo Albarracín, para que se activen los mecanismos en el marco de la Ley 348 y Reglamentos Universitarios, así como el Informe D.D.U/GSA/2019 de 22/11/2019 emitido por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UMSA.
Por ello, dijo Martínez, la Defensoría inició una investigación de oficio ante la omisión de denunciar en la que incurrieron servidores y exservidores públicos, por una parte, ante las instancias administrativas de la UMSA en cumplimiento del Reglamento de Procesos Universitarios, y por otra, por no poner en conocimiento estos hechos de violencia contra la mujer ante las autoridades competentes y/o instancias que promueven denuncias de violencia.
Recordó que la denuncia de acoso sexual se constituye en un delito tipificado en Artículo 312 del Código Penal y como tal, la instancia competente para promover la acción penal es el Ministerio Público y bajo su responsabilidad está la dirección funcional de las actuaciones investigativas realizadas por la Policía Boliviana, mismas que tienen por finalidad individualizar a los posibles autores.
Texto. Defensoría del Pueblo
Foto: GM