En la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio se examinaron 135 expedientes con sentencia condenatoria, se logró que se detuvieran a 23 personas y se vea la necesidad de modificar el Código de Procedimiento Penal, informó la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, al término de la reunión que sesionó este viernes en la Casa Grande del Pueblo.
“Recapturados por asesinato siete personas, detenidos por complicidad tres personas, jueces detenidos tres, abogados detenidos tres, médicos detenidos uno, trabajadoras sociales detenidas dos y adicionalmente, en la revisión de expedientes producto de la intervención de los juzgados penales, se han encontrado irregularidades y cuatro recapturados por narcotráfico”, mencionó la autoridad al señalar que en total son 23 las personas detenidas.
El 7 de febrero se reunió la Comisión plural conformada por varios órganos del Estado con la tarea de tomar decisiones y determinaciones porque representa al máximo nivel de la justicia.
En criterio de Prada, en dos semanas se revisará alrededor de 135 expedientes de casos con sentencia condenatoria, de los cuales ninguno se encuentra en las cárceles, de acuerdo a una revisión de la base datos de la Fiscalía y Régimen Penitenciario.
“Asimismo, anunciamos la presentación de un proyecto de ley modificatorio a la ley 1970 Código de Procedimiento Penal, a iniciativa del Órgano Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, cada órgano en el marco de sus competencias destaca el trabajo que se desarrolla de manera coordinada”, aseveró la autoridad.
Manifestó que el trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio es histórico y entregará resultados concretos a las familias de las víctimas que buscan justicia, de acuerdo con la Ley 898 en 120 días, una vez conformada dicha Comisión Revisora deberá hacer conocer resultados.
luego de conocer un grave hecho de prevaricado cometido por el ahora exjuez Rafael Alcón, quien “en un flagrante acto de prevaricato” liberó a Richard Choque -sentenciado a 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto por feminicidio-, hecho que permitió que reincida en la comisión del mismo delito y otros graves actos delictivos hacia mujeres como violaciones, secuestros y extorsiones.
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