La Defensora del Pueblo Nadia Cruz instó al Ministerio Público y al Juzgado Cautelar de Riberalta, celeridad y debida diligencia en el proceso penal instaurado por los actos de acoso y violencia política; así como asumir las medidas necesarias para resguardad la integridad física y psicológica de la víctima, en el marco de las previsiones establecidas en la Ley243.
Este caso está relacionado a la denuncia de acoso y violencia política sufrida por la concejala municipal de Riberalta, Soraya Destre, en contra los dirigentes cívicos, políticos y sociales Katriel Muller, Jesús Holkons y Gabi Sánchez, por las agresiones físicas en su contra por haber manifestado su oposición a usar el presupuesto del desayuno escolar para la compra de una planta de oxígeno, incluso pedidos de renuncia y anuncio de cabildos.
Ante esta situación la Defensoría del Pueblo, solicitó la intervención del Tribunal Departamental Electoral del Beni para que asuma las acciones respetivas, toda vez que la entidad defensorial realizó varias acciones ante la falta de celeridad en el proceso penal abierto por la Concejala.
En la denuncia que cursa en instancias judiciales se conoció que la concejala fue agredida por una persona, a la que no logró identificar, quien la golpeó con un fierro en su brazo provocándole una fractura.
Estas acciones fueron cuestionadas por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó los actos cometidos por dirigentes cívicos, políticos y sociales de Riberalta y exhortó a que cese cualquier acto que se estaría generando para presionar, hostigar, amenazar o generar agresiones físicas y psicológicas cometidos de forma directa o por terceras personas en contra de la concejala Destre.
Las acciones de Coordinación Regional entre la Defensoría del Pueblo en Riberalta, posibilitaron que el fiscal Javier Colque, en diciembre del año pasado, presente imputación formal contra Katriell Miuller, y ante la suspensión en dos oportunidades de la audiencia cautelar por el Juez Cautelar 1° Javier River Antelo, promovió que ésta se lleve adelante y en la cual se dispuso su detención preventiva en la carceleta de Riberalta.
Ante ese panorama, Cruz pidió al Tribunal Departamental Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos en el cargo para el cual fue elegida la concejala Destre.
La Defensoría del Pueblo, desde 2014, atendió un total de 113 casos por acoso y violencia política, un promedio de 14 casos cada año.
Texto: Defensoría del Pueblo
Fto: Archivo