A través de una carta, hecha pública en los medios de comunicación y redes sociales, Elizabeth Flores Paz, autoriza “de voluntad propia” que se proceda a la “demolición total o parcial” del bien inmueble que se encuentra en la calle Rafael Pabón No 10 de la zona Ballivián, de la ciudad de El Alto lugar donde el 24 de enero pasado se encontraron los restos de dos jóvenes mujeres desaparecidas en 2021.
“… en fecha 27 de enero de 2021 a horas 09.00 am de mi completa voluntad y conformidad, sin que medie ningún tipo de presión autorizo de forma voluntaria autorizo la demolición de mi bien inmueble”, señala la nota manuscrita.
Luego agrega que la autorización es para que se realice la “demolición total o parcial”, “… con la finalidad de ayudar en la investigación y se pueda llegar a la verdad… (…) Asimismo, quiero y apoyo la labor de la Policía y el Ministerio Público de llegar a la verdad histórica de los hechos”. Debajo de la nota firman dos personas, una de apellido Choque Flores con CI 6745925 y la otra es Elizabeth Flores Paz con CI 13347681, ambas cédulas de identidad emitidas en La Paz.
La nota enviada por la madre de Richard. (RRSS)
Este inmueble fue escenario de hechos que a la fecha se encuentran en proceso de investigación luego del hallazgo de los cuerpos de Lucy Maya R. Z., de 17 años e Iris Maylen V. Ch. de 15, reportadas como desaparecidas desde mayo y agosto del año pasado.
El viernes autoridades del Ministerio Público, la Policía y Bomberos se constituyeron en el lugar para realizar un rastrillaje y peritaje de todo el inmueble a fin de hallar otros indicios que ayuden en la investigación y descubrir si habría otros cuerpos enterrados.
De la misma manera funcionarios y maquinaria pesada de la Alcaldía, liderada por su autoridad Eva Copa se constituyeron en el lugar para iniciar la demolición, la misma que se frustró debido a que las autoridades a cargo del caso por parte del Ministerio Público abandonaron el lugar.
Desde el martes en horas de la noche ese lugar fue escenario de múltiples concentraciones y protestas, entre ellas la demanda de los vecinos para que los ocupantes del inmueble se vayan del lugar y que el mismo sea utilizado para un puesto policial.
Sin medir consecuencias de los actos, los vecinos lograron colectar una serie de objetos, ropa y dinero (Bs 3.000 encontrados en una bolsa) de la misma manera uniformes de colegio, celulares, estos últimos secuestrados por la policía para la investigación.
Como resultado de la investigación se identificó al juez Rafael Alcón como la autoridad que en 2019 le dio detención domiciliaria a Richard Ch. F. por 18 meses para que someta a tratamiento médico, a pesar que pesaba en su contra una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, valoración médica que no se constató y por el cual fue detenido y enviado a la cárcel en calidad de detención preventiva.
Foto: Archivo