La decisión de la madre como la niña de continuar con el embarazo desató una polémica en esferas de activistas que defienden el aborto asistido.
El fin de semana se conoció que la Iglesia Católica ofreció su ayuda a una niña de 11 años víctima de violación y que tiene un embarazo de cinco meses, con el fin de evitar que se practique un aborto que en estas circunstancias está previsto en las leyes bolivianas.
En tanto, representantes de la Casa de la Mujer exige respetar la norma vigente y conmina a los médicos que atiende a la menor interrumpir el embarazo, refiere la publicación de Bolivia al Día.
El secretario del Vicariato en Santa Cruz, Victor Hugo Valda, informó que tanto la madre como la niña expresaron su deseo de continuar con el embarazo tras aceptar el ofrecimiento de asistencia por parte de la Iglesia.
“La Iglesia se compromete en el cuidado psicológico y material de la niña madre y el bebé va a tener con nosotros educación digna, alimentación vivienda”, dijo a la red Unitel.
Valda reveló que incluso la madre de la niña embarazada firmó un documento donde rechazan el procedimiento que atente contra la vida del feto. En esa línea plataformas de Derechos Humanos respaldan la acción de la Iglesia.
Al respecto, la directora de la Casa de la Mujer, Paola García, exige que se respete la Ley 206 que establece la práctica del aborto en este tipo de circunstancias, en especial cuando la víctima fue objeto de violación.
“La Maternidad debe aplicar la solicitud (de interrumpir el embarazo) que se hace para priorizar la protección integral de la niña de 11 años. Debe realzar la intervención legal en el marco de la ley que establece que la prioridad superior es la vida de la menor de 11 años”, recalcó.
La activista agregó que no se puede obligar a una niña continuar con un proceso de gestación de 11 meses, que su propio cuerpo de infante no está en condiciones para llevar otro ser en su vientre.
Lamentó que en Bolivia cada día al menos seis niñas menores de 13 años quedan embarazadas por causa de una violación que en la mayoría de los casos es provocada por alguien que está dentro de su entorno familiar.
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, confirmó que el supuesto agresor de la niña, un adulto mayor de 60 años, ya fue remitido a la cárcel de Montero de forma preventiva por 180 días mientras desarrollan las investigaciones.
Tomado de Bolivia al Día