En instituciones como la Policía, la agresión contra mujeres es marcada, y los autores aprovechan su condición de poder para amedrentar a las víctimas y ocultar su delito. Así lo expresó la trabajadora Social, investigadora y miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Mary Marca.
La profesional afirmó, en la entrevista que concedió al programa Liderazgo de Mujer, que a la fecha la organización a la que representa cuenta con varias denuncias entre las cuales se evidencia funcionarios policiales que han sido denunciados por agresiones intrafamiliar es el mayor índice
“La violencia en pareja es trasladada al espacio de la institución porque el agresor utiliza mecanismos institucionales para seguir amedrentando a la víctima que en muchos casos es su propia pareja”, afirmó.
Dijo que hay víctimas que denunciaron a sus parejas, a la institución al que pertenecen, pero éstas no son respondidas, “la denuncia queda en el escritorio, porque hay una influencia por el grado que ocupan en este espacio y utilizan las instancias de la institución para que no prospere la misma”.
En consecuencia, la denuncia presentada por la víctima no prospera por el uso de la jerarquía al interior de la institución policial.
Marca indicó que este panorama se presenta a pesar de que la Policía aprobó un protocolo contra la violencia denominado Genoveva Ríos donde están los procedimientos en el marco de la ley 348. “Pero no lo hacen y no lo implementan las autoridades para hacer cumplir a los funcionarios y funcionarias”.
“En la práctica algunos policías están tergiversando ese mandato y la consecuencia es la violencia patriarcal que se ejerce al interior de la Policía donde os amedrentadores que están en espacios de poder hacen todo lo posible para que sus casos no salgan a la luz pública”, sostuvo.
Mencionó que cada año hay más de 30 mil denuncias de mujeres, y sobrepasa la centena de feminicidios a nivel nacional, o que contradice con la normativa más avanzada, porque no se cumple y se sigue matando a mujeres.
Por eso remarcó que los profesionales en áreas como el Trabajo Social deben incidir
en el tema de inserción social y trabajar en esa transformación social en favor de los derechos humanos.
En su criterio, la violencia en la actualidad es estructural, no es solo con la reforma de la Ley 348, sino lo que tiene que ver con la prevención, atención y acceso a la justicia a pesar de los vacíos que presenta la norma, donde el Estado tiene que invertir sobre lo que sucede.
Por eso indicó que la reforma a la normativa debe contar con la participación de todas las organizaciones de mujeres para evitar que las modificaciones que se pretende hacer elimine principios fundamentales que protegen a las mujeres y por ello demandó que se presenten las más de mil propuestas que se hicieron llegar al Ministerio de Justicia para ejecutar ese trabajo.