Una justicia corrupta y la falta de voluntad política por parte de las autoridades del Estado son las principales causas para que aumenten las cifras de feminicidio y violencia de género en Bolivia, sostuvo este lunes la trabajadora social y activista del Observatorio de Exigibilidad para los Derechos de las Mujeres, Mary Marca.
“Tenemos una justicia corrupta, eso muestra el caso Kusnher donde se suelta a quien es responsable de un hecho de feminicidio, por un lado, por otro, la falta de voluntad política desde el Estado para encarar como señalan los acuerdos internacionales sobre la luchar contra la violencia hacia las mujeres”, afirmó en la entrevista que concedió a Liderazgo de Mujer.
Como van las cosas muchos familiares desisten de continuar con los procesos porque no cuentan con los recursos necesarios y expresan su arrepentimiento del rol que cumple la justicia boliviana por el efecto negativo que se manifiesta hacia las mujeres víctimas, afirmó.
A la fecha ocho personas sindicadas de feminicidio han sido liberadas, muchos de ellos con sentencia ejecutoriada gozan con libertad, derecho al trabajo y detención domiciliaria. “Los fallos han sido apoyados en la normativa 1173”, reveló.
Indicó que a nivel de organismos internacionales se promulgó una serie de protocolos de cómo los funcionarios (fiscales, jueces o policías) deben cumplir ciertos procedimientos técnicos para atender con calidad y calidez a las víctimas de violencia. Lo que no ocurre en la actualidad.
“Hay protocolos a nivel interamericano del cual Bolivia es parte, y se sacó varios protocolos de atención, en la Policía se llamó Genoveva Ríos), donde se indica las actuaciones a cumplir, desde la admisión del caso, registro, protección e investigación”, indicó.
Dijo que la Fiscalía cuenta con un protocolo destinado a la prevención de la violencia a las mujeres, establece procedimientos, pasos técnicos, cumplir las leyes sin afectar la normativa en todo el proceso de investigación y cómo cada profesional debe cumplir la misma.
También que el Ministerio de Salud cuenta con un modelo de atención de víctima, en caso que sea una niña ha sido víctima de violación sexual y quedó embarazada, en este caso se aprobó la interrupción del embarazo, “para eso hay pasos y procedimientos para efectivizar y proteja los derechos de la víctima”.
“Esto los funcionarios no las conocen, estamos ante una sociedad patriarcal y racista cuando una mujer va con una problemática recibe la segunda revictimización con un resultado de que las mujeres denuncian y abandonan el caso y por eso tenemos los casos de feminicidio y abuso contra menores”, sostuvo.
FFAA y Policía forman violentos
Marca identificó, entre las Fuerzas Armadas y la Policía, “son instituciones que educan la violencia, para ser violentos y protegen a los violentos, son instituciones que deben abolirse”.
“Lamentablemente en la Policía y Fuerzas Armadas no los toca cuando se trata de violencia a las mujeres. Hay un doble discurso, en 2016 las Fuerzas Armadas elaboró su propio protocolo de atención en casos de violencia de familia, pero son normativas de doble discurso que no protegen a las mujeres que sufren violencia”, sostuvo.
Similar situación, afirmó, viven las mujeres policías que sufren acoso o violencia intrafamiliar. Ahí las mujeres no tienen quienes las protejan, porque la violencia está naturalizada”.
Puso como ejemplo el caso de una mujer policía que tiene un proceso contra su pareja, también policía, por violencia de género; pero el sujeto es favorecido con asistencia familiar y derecho al trabajo. “Lo peor de todo es que este sujeto se hace designar para cumplir su trabajo cerca donde su pareja trabaja para vigilarla y aprovecha un incidente para denunciarla de intento de atropellarlo y acosarla. Por eso exigimos que el ministro de Gobierno nos reciba y tome cartas en el asunto, pero no hace caso, y hace dos meses esperamos la respuesta”.