Corte IDH admite nuevo caso contra Bolivia por no asegurar el acceso a la justicia de víctimas de violencia sexual

by tein

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) recibió un nuevo caso contra el Estado Plurinacional de Bolivia por incumplimiento de su deber de asegurar el acceso a la justicia y eliminar leyes discriminatorias en casos de violencia sexual en adolescentes, cuyo fallo podría crear un gran precedente en Bolivia y en toda la región.

El pasado 17 de julio de 2020, la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) refirió a la Corte la denuncia de Brisa Liliana de Angulo, un caso emblemático sobre violencia sexual registrado en 2002 en la ciudad de Cochabamba, cuando ella tenía 16 años. Durante más de una década, ella y su familia siguieron tres juicios y lucharon por obtener justicia, mientras que el agresor, un primo hermano que le doblaba en edad, se dio a la fuga y nunca pagó por su culpa. Hoy es buscado por Interpol.

Cansada de luchar sin resultados favorables, en 2010 decidió acudir a la CIDH y ahora es esta instancia la que remite su caso a la Corte. Su historia refleja las difíciles circunstancias que enfrentan niñas y adolescentes bolivianas –y latinoamericanas– cuando buscan justicia. Ahora, la Corte Interamericana tiene la oportunidad de establecer precedentes que le permitan a los sistemas judiciales de la región adaptar sus códigos y procedimientos para permitir el acceso a la justicia y reducir las revictimizaciones de las adolescentes que tratan de denunciar a sus agresores.
Un fallo positivo de la Corte implicaría que el Estado boliviano debe asumir medidas de reparación para Brisa; medidas para el cumplimiento del proceso judicial a nivel nacional y medidas de no repetición, particularmente en casos de violencia sexual de adolescentes, creando un precedente legal para las Américas, mejorando así las vidas de niñas y mujeres en todo el hemisferio.

Al referir el caso a la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones, determinando que el Estado de Bolivia falló en cumplir las mismas. Incluimos las recomendaciones 3 y 4, relacionadas al caso nacional y a las medidas de no repetición.

3. Continuar la investigación y el proceso penal de manera diligente y efectiva, con perspectiva de género y niñez y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, y determinar las posibles responsabilidades con sus correspondientes sanciones. En el marco de la continuidad de la investigación y del proceso penal, el Estado deberá disponer todas las medidas a su alcance para subsanar y corregir las múltiples deficiencias, irregularidades y omisiones en el presente informe, y abstenerse de invocar estereotipos inadecuados y discriminatorios como los identificados en las sentencias anuladas. Además, el Estado deberá iniciar de oficio una investigación sobre la actuación de los funcionarios tanto médicos como de otra índole, que cometieron directamente o contribuyeron a la materialización de las violaciones declaradas en el presente informe.

4. Disponer de medidas de no repetición que incluyan la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para asegurar la debida capacitación a los y las funcionarios y funcionarias que entran en contacto con denuncias de violencia sexual en perjuicio de niñas y adolescentes, su investigación y enjuiciamiento, a fin de que cuenten con el entrenamiento necesario para llevar a cabo sus funciones con perspectiva de género y niñez, así como de manera conforme a los estándares desarrollados en el informe de fondo.

En criterio de Brisa, la decisión de la Corte abre camino a una nueva época de acceso a la justicia y sanidad para ella y para miles de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual: “El hecho de que mi caso haya sido referido a la Corte Interamericana también incrementa nuestra visión de lo posible en cuanto a cambios específicos y concretos del sistema legal, que conllevan a un mejor acceso a la justicia para miles de sobrevivientes de violencia sexual”. Su lucha inspiró la creación de Una Brisa de Esperanza, centro que da apoyo a víctimas de violencia sexual en Bolivia.

Para la Red Departamental de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Violencia Sexual de Cochabamba, este gran paso en el caso de Brisa representa una oportunidad para ser escuchados, ya que nunca recibieron justicia por la realidad del sistema judicial boliviano. Para este grupo de jóvenes activistas, lo más importante es que “a partir del pronunciamiento de la CIDH la realidad de los casos de violencia sexual en Bolivia puede ser diferente. “El caso de Brisa habla por muchas desde el mensaje que transmite: mi lucha es tu lucha; hoy hablo por ti mientras sanes y cobres fuerzas, porque mañana sé que lo harás tú, serás la voz de los que después de ti podrán hablar”, expresó la representante del colectivo.

Para Equality Now, organización internacional que promueve los derechos de las niñas y mujeres en el mundo y una de las representantes de Brisa ante la CIDH y la Corte, se trata de un gran logro. “Aunque los hechos se remontan a 2002 y llevamos años exigiendo cambios al Gobierno en Bolivia, sabemos que las cosas poco han cambiado. A diario las niñas y adolescentes están sujetas a violaciones por parte de miembros de su familia y el Estado boliviano falla en protegerlas y brindarles un proceso rápido, justo y sin comentarios estigmatizantes”, expresó Bárbara Jiménez Santiago, abogada en derecho humanos y coordinadora de la Región LAC para Equality Now.

“Esta oportunidad es particularmente importante para Bolivia y toda Latinoamérica –añadió Jiménez Santiago– porque la Corte Interamericana podrá expandir los estándares necesarios para el acceso a la justicia al tener por primera vez ante su consideración la aplicación de la figura discriminatoria de Estupro, la cual minimiza el reconocimiento del delito de violación sexual contra las adolescentes. Hemos identificado que aún existe y se utiliza en al menos 30 países de la región”.

En Bolivia, sólo durante el periodo de la cuarentena por COVID-19 (del 22 de marzo al 02 de agosto), la Fiscalía General del Estado registró un total de 8.133 casos de delitos contra mujeres, niños, niñas, infantes y adolescentes, de los cuales 352 corresponden a delitos de violación de infante, niña, niño y adolescente; 453 a abuso sexual, 253 a estupro, 369 a violación y 6.540 a violencia familiar o doméstica, entre otros delitos.

Para la Coalición contra la Violencia Sexual en Bolivia, las recomendaciones de la CIDH permitirán abogar por un avance substancial en la política criminal de Bolivia. Entre otras medidas, buscan promover 1) la especialización en los operadores de justicia en el abordaje a víctimas de violencia sexual; 2) la imprescriptibilidad de delitos contra la violencia sexual contra NNA; 3) la creación de juzgados en materia penal que radiquen causas solo de violencia sexual contra NNA; y 4) políticas de prevención y atención en materia penal y protección a víctimas y testigos de delitos contra la libertad sexual, tanto a nivel del Estado Plurinacional como de gobiernos departamentales.

La Coalición contra la Violencia Sexual en Bolivia, conformada por la Oficina Jurídica para la Mujer, FAMISAL, Fundación una Brisa de Esperanza, A Breeze of Hope, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres de Bolivia (CLADEM Bolivia), Coordinadora de la Mujer, Red Departamental de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Violencia Sexual y Equality Now, celebra este gran paso hacia la obtención de justicia para Brisa y para todas las niñas y adolescentes de Bolivia y de la Región.

También te puede interesar