Los médicos provistos por el Estado para atender a la niña de 11 años embarazada por el abuso y violación de su abuelastro, procedieron a realizar una cirugía (cesárea) para acelerar el nacimiento del bebé cuya vida está en riesgo porque sólo llegó a pesar 500 gramos.
Los abogados de la madre de la niña denunciaron que la menor fue separada de su progenitora tras sacarla del centro de acogida para llevarla al Hospital Francés donde se la mantuvo incomunicada y con hermetismo total hasta la realización del procedimiento quirúrgico..
Según el periódico El Deber los abogados consideran que no hubo necesidad para acelerar el proceso del alumbramiento. “Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto, ellos serán responsables si pasa algo peor con esa criatura” dijo el abogado Néstor Higa.
La actuación del Estado se dio a través de un amparo constitucional emitido desde La Paz sin considerar la voluntad de la madre y de la menor que decidieron continuar con el proceso normal del embarazo. Dicho amparo determinó la conformación de un equipo médico, supuestamente, para supervisar el estado de salud de la niña y la criatura que estaba en la semana 28 de gestación.
A ello se suma la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga al Estado de Bolivia a proteger a niñas y adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.
Los médicos provistos por el Estado para atender a la niña de 11 años embarazada por el abuso y violación de su abuelastro, procedieron a realizar una cirugía (cesárea) para acelerar el nacimiento del bebé cuya vida está en riesgo porque sólo llegó a pesar 500 gramos.
Los abogados de la madre de la niña denunciaron que la menor fue separada de su progenitora tras sacarla del centro de acogida para llevarla al Hospital Francés donde se la mantuvo incomunicada y con hermetismo total hasta la realización del procedimiento quirúrgico.
Según el reporte del periódico El Deber los abogados consideran que no hubo necesidad para acelerar el proceso del alumbramiento. “Qué necesidad tenían las autoridades del Estado de apurar el parto, ellos serán responsables si pasa algo peor con esa criatura” dijo el abogado Néstor Higa.
La actuación del Estado se dio a través de un amparo constitucional emitido desde La Paz sin considerar la voluntad de la madre y de la menor que decidieron continuar con el proceso normal del embarazo. Dicho amparo determinó la conformación de un equipo médico, supuestamente, para supervisar el estado de salud de la niña y la criatura que estaba en la semana 28 de gestación.
Los abogados consideran que hubo una vulneración de «los derechos infinitos» por ir contra la voluntad de la madre y la familia y presentarán un recurso de acción de libertad para que cese la persecución contra ellas.
También esperan que las autoridades presenten a la niña y su bebé en buen estado de salud caso contrario iniciarán acciones penales contra las instancias que aceleraron el parto de la menor, publicó el portal de Bolivia al Día
Al respecto el director de la Escuela de Padres, Gustavo Mejía, en declaraciones a Liderazgo de Mujer, afirmó que todos y todas las instituciones no velaron “por el interés superior de la niña y de la criatura que llevaba (…) además de no considerar el trauma que vivió dutante el tiempo en que fue abusada y todo lo que vivió cuando estuvo embarazada”.
Los abogados afirman que hubo una vulneración de «los derechos infinitos» por ir contra la voluntad de la madre y la familia y presentarán un recurso de acción de libertad para que cese la persecución contra ellas.
También esperan que las autoridades presenten a la niña y su bebé en buen estado de salud caso contrario iniciarán acciones penales contra las instancias que aceleraron el parto de la menor, publicó el portal de Bolivia al Día
Al respecto el director de la Escuela de Padres, Gustavo Mejía, en declaraciones a Liderazgo de Mujer, afirmó que todos y todas las instituciones no velaron “por el interés superior de la niña y de la criatura que llevaba (…) además de no considerar el trauma que vivió dutante el tiempo en que fue abusada y todo lo que vivió cuando estuvo embarazada”.