La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Salud y al Programa Nacional de ITS-VIH-SIDA a garantizar la instalación de los equipos, la dotación de reactivos y personal calificado y realizar la prueba especializada de genotipaje solicitada por una persona con esa enfermedad y cumplir un fallo en respuesta a una acción de amparo constitucional presentado para hacer efectivo dicho análisis.
“Instamos al Estado boliviano a cumplir con el fallo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que G.A.O. y otras personas que pudieran requerir el mismo análisis, tengan la posibilidad de tener un tratamiento apropiado”, dijo Cruz en conferencia de prensa.
Cruz observó que si bien el fallo de la Sala Constitucional Cuarta determinó la toma de muestras para la prueba especializada hasta el 31 de julio y cuyos resultados podrían ser entregados hasta noviembre de este año, como señaló en audiencia la parte accionada, una larga espera se constituirá en afectar el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad de las personas que viven con VIH-SIDA, dijo en conferencia de prensa.
Ante esa situación anunció seguimiento al cumplimiento del fallo para exigir a las autoridades para que la burocracia administrativa no sea un obstáculo para que las personas con VIH-SIDA puedan acceder a una calidad de vida en el país.
G.A.O., quien participó en la conferencia de prensa, destacó el fallo judicial y agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la organización CDC, para que la justicia pudiera pronunciarse en su favor. El solicitante se encuentra en fase SIDA y su estado de salud es delicado.
Esta persona, en 2018 solicitó al Ministerio de Salud que se le practique nuevamente la prueba de genotipaje que permita determinar un mejor tratamiento a su condición. Lamentó una anterior muestra de sangre le fue tomada para ser enviada al exterior para su estudio pero la misma fue enviada a destiempo y no le tomó una nueva, informó la representante de CDE, Rossy Yucra.
Crédito texto y foto: Defensoría del Pueblo