El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que las movilizaciones y bloqueos impulsados por algunos dirigentes responden a intereses políticos vinculados al narcotráfico y buscan “romper la democracia”, mientras ratificó que el Órgano Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo con distintos sectores sociales.
El vocero aseguró que Bolivia enfrenta “uno de sus más grandes desafíos históricos”, señalando que la lucha principal del Gobierno es “eliminar definitivamente los tentáculos del narcotráfico y sus redes criminales internacionales”. Según indicó, esas estructuras “han sido cobijadas por los anteriores gobiernos durante largos años”.
En esa línea, sostuvo que existe un intento de desestabilización política. “Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, afirmó. También cuestionó que algunos dirigentes continúen promoviendo medidas de presión pese a que, según dijo, varias demandas ya fueron atendidas. “Hay dirigentes que insisten en seguir en las calles y promueven bloqueos y marchas que solo buscan romper el orden constitucional”, manifestó.
La autoridad vinculó directamente estas acciones con intereses políticos afines a Evo Morales. “Estos dirigentes, que son funcionales a los intereses políticos de Evo Morales, pactaron para no dialogar”, declaró, aludiendo a un acuerdo entre dirigentes sindicales y políticos.
Asimismo, denunció la existencia de financiamiento irregular detrás de las movilizaciones. “El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, aseguró, cuestionando el origen de los recursos destinados a sostener bloqueos, transporte, alimentación y explosivos.
También responsabilizó a los bloqueos por la muerte de tres personas. Entre los casos mencionó a una mujer de 56 años y a pacientes que no habrían recibido atención médica oportuna debido a las restricciones en las carreteras. “Estas son nuevas víctimas de Evo Morales y el narcotráfico”, afirmó.
En el marco de continuar apostando por el diálogo, destacó que se alcanzaron acuerdos con “transportistas, productores, campesinos, pueblos indígenas del oriente, agroindustriales, mineros y muchos otros sectores”. Además, informó que el primer mandatario sostiene reuniones con los cooperativistas. “Hay un avance muy interesante, muy racional, punto por punto que se viene revisando”, señaló.
El vocero convocó a la ciudadanía a defender la democracia y rechazó cualquier intento de vulnerar el orden constitucional. “Por eso convocamos a todos los ciudadanos a expresar su voz, de manera pacífica y democrática, en defensa de la institucionalidad”, manifestó.
Consultado sobre la posibilidad de declarar estado de excepción, respondió que el Ejecutivo evalúa todas las herramientas constitucionales disponibles. “El Gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permiten y lo que va a hacer el Gobierno boliviano es justamente usar esas prerrogativas cuando sean pertinentes para garantizar la paz social”, indicó.
Finalmente, descartó de manera tajante cualquier posibilidad de renuncia presidencial. “No tiene ningún lugar, ni siquiera el pensar algo parecido. Son demandas irracionales, insensatas”, afirmó, asegurando que el Gobierno continuará ejerciendo el mandato otorgado “por el voto popular”.
Texto y Foto Presidencia del Estado