Conocida las sentencias por la multimillonaria estafa que sufrió la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS R.L) los actuales ejecutivos afirmaron que la empresa apunta a llegar rápidamente a la fase del proceso en que se buscará el resarcimiento del daño económico generado en la estafa perpetrada por ex funcionarios y otros relacionados al mentado caso “Cotas en cuotas”.
A dos meses del inicio del juicio oral por el fraude y daño económico ocasionado a COTAS, la justicia emitió una segunda sentencia condenatoria, requisito con el cual se apertura la instancia del juicio de reparación de daños civiles, es decir, la recuperación del dinero estafado a la Cooperativa.
En este proceso judicial se comprobó los ilícitos cometidos el acusado Hubert Alcides Gil Antelo.
A la fecha se espera que la sentencia se ejecutoríe en los plazos de ley, para luego ingresar en el proceso de reparación de daños civiles que permita avanzar hacia la recuperación de lo que por derecho le corresponde a COTAS.
En la segunda sentencia condenatoria contra Carmen Karina Suarez Rodriguez fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre.
“El reconocimiento de culpabilidad del principal acusado, permite la comprobación de la hipótesis acusatoria del Ministerio Público, a la que COTAS se ha adherido en toda su extensión; lo que nos permite avizorar una sentencia condenatoria ejemplarizadora para los demás acusados”, señala una nota de prensa.
En ese sentido la actual administración de la Cooperativa “no ha limitado esfuerzos en la vía legal, adhiriéndose a las actuaciones legales para reimpulsar el caso en el que se tuvieron finalmente cuatro acusados y que ahora el juicio ha ingresado en su etapa final”, agrega la nota.
Desde febrero de 2019, COTAS R.L, lleva adelante un proceso penal contra los autores de los delitos de Asociación Delictuosa, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Manipulación Informática, consumados dentro del ´Programa Cotas en Cuotas´.
El proceso concluyó, concluyó contra quienes tenían responsabilidad penal y que deberían ser sometidos a juicio oral público y contradictorio, eran los funcionarios Hubert Alcides Gil Antelo, Luz Marina Soliz Gutiérrez y Orlando Cabrera Zensano, juntamente con Widen Vaca Parada representante legal de la Empresa Media Market.
Texto y foto: Cotas