Defensoría del Pueblo evidencia que el Sistema de la Educación Boliviana excluye y segrega a las personas con discapacidad, pues, entre otras razones, admite la coexistencia de dos subsistemas, uno de educación regular y otro de educación alternativa y especial, éste último exclusivo lo que podría implicar que se legitime la segregación en contra de este grupo poblacional.
La autoridad defensorial, en conferencia de prensa, indicó que otra de las razones de la exclusión y segregación en contra de esta población en situación de vulnerabilidad, es que el 65% de las 90.631 personas con discapacidad registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), tiene o cero nivel de instrucción o solo accedió a niveles primarios.
Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30%, no tienen ningún grado de instrucción educativa, y 31.507, que significa el 35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el 15% llegaron a secundaria.
El documento denominado “La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional” fue elaborado con información recabada en el Ministerio de Educación, en las nueve direcciones departamentales de educación, en 26 direcciones distritales de educación, en 18 gobiernos autónomos municipales, en 39 unidades educativas fiscales y de convenio y en 25 centros de educación especial.
La institución defensorial identificó que persisten los condicionamientos para que los estudiantes con discapacidad se incorporen al subsistema de educación regular, como la necesidad de presentar valoraciones médicas o psicopedagógicas (artículo 14 de las RM 001/2022, del Subsistema de Educación Regular), para permitir que éstos ingresen a las mismas aulas que el resto de los estudiantes.
La investigación encontró que el 69% de unidades educativas del sistema de educación regular no cuenta con rampas de acceso, que el 72% carece de pasos peatonales al ingreso de las construcciones; que el 82% no presenta baños adecuados para estudiantes con discapacidad, y que el 92% no dispone de barandas de apoyo.
Además, señala, que el 85% de los espacios que se usan como bibliotecas son inadecuados, que el 77% de los talleres de laboratorio no reúnen condiciones de accesibilidad y que el 74% de las salas de computación no reúnen condiciones físicas de acceso para este grupo poblacional, apuntó la autoridad defensorial.
Otro dato que llamó la atención, dijo Cruz, son los bajos porcentajes que alcanzaron las personas con discapacidad respecto a la formación superior, pues solo 3.625 personas, que constituye el 4%, cuentan con formación técnica, y, escasamente, 2.718, que equivale al 3%, lograron estudios universitarios.
Dijo que también se observó en las escuelas del sistema de educación alternativo, que de 25 Centros de Educación Especial el 76% no cuenta con paso peatonal, el 64% no tiene rampa de acceso a las aulas, a salas de estimulación sensorial, a la biblioteca ni a otros ambientes. Se advirtió que el 40% no dispone de espacios adaptados a las necesidades de los estudiantes y que el 32% carece de espacios recreativos aptos para personas con discapacidad.
En vista a estos hallazgos, dijo que la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones a las autoridades competentes, entre las que figura la sugerencia al Ministerio de Educación de incorporar en la Resolución Ministerial 001/2022, referida a “Normas Generales Técnico Pedagógicas para la Gestión Educativa y Escolar del Subsistema de Educación Regular”, una regulación expresa contra el rechazo por motivo de discapacidad tanto en el proceso de inscripción y como de atención educativa; y que se dispongan sanciones ante su incumplimiento.
Texto y foto: Defensoría del Pueblo