La Defensoría del Pueblo ve con preocupación el aumento de casos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el país, que afecta no solo a la integridad física, psicológica y sexual de esta población en situación de vulnerabilidad, sino también impide el goce de otros derechos humanos, y daña su proyecto de vida señala un comunicado de esa entidad en el el Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes.
En referencia a datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, existe un crecimiento sostenido anual de casos de violación infante, niña, niño y adolescente. En la gestión 2018, se presentaron 1.458 casos; en 2019 subieron a 1.633; en 2020 se incrementaron 1.651; en 2021 llegan a 2.092 y hasta junio de la gestión 2022 ya se tienen 1.318 casos.
“Estos datos evidencian que esta problemática, al igual que otros fenómenos que afectan a la niñez y adolescencia, es compleja, multicausal y multifacética, agrega la nota.
Ante esa realidad, el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, encabezado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el Subconsejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, deben asumir medidas de carácter integral, holístico y sistémico, que tomen en consideración las causas e interconexiones de la violencia sexual que afectan los derechos de esta población.
“Asimismo, solicitamos la evaluación de los resultados alcanzados en la implementación del Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual, a fin de fortalecer las medidas asumidas y avanzar hacia resultados que reduzcan los altos índices de violencia sexual hacia la niñez y adolescencia, a través de la prevención, atención y protección”, sostiene.
También, pide tomar en cuenta casos que colocan a los infantes en situaciones de vulnerabilidad por razón de su edad y por la violencia sexual que han sufrido. Más aún, en casos donde las víctimas sufrieron agresión sexual y quedaron embarazadas lo que amerita con el sistema de protección que tiene algunos vacíos y debilidades.
En cuanto a la justicia, “todas las instituciones deben garantizar la prioridad del interés superior del niño, que comprende la primacía en recibir protección y socorro ante cualquier circunstancia, la prioridad en la atención y el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna”.
“La Defensoría del Pueblo hace un seguimiento pormenorizado a las actuaciones estatales en los casos de violencia sexual que tengan como víctimas a niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, hacemos un llamado a la sociedad a denunciar los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que no estuvieran siendo atendidos, a través de la línea 800 10 8004, para realizar el seguimiento debido a las instancias correspondientes”, agrega el comunicado.
Texto y foto: Defensoría del Pueblo