La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tiene previsto, este viernes, emitir su fallo sobre el Amparo Constitucional presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), en contra de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia que le impone una multa de 744 millones de bolivianos por un supuesto caso de competencia desleal con Fancesa.
“No estamos defendiendo solo a una empresa, estamos defendiendo el pan de más de 200 mil familias que viven de esta cadena productiva. Una multa de esa magnitud es un golpe no solo para Soboce, sino para toda la economía regional”, afirmó el jilir mallku de Jacha Marka originaria de Viacha, Wilfredo Quispe Mamani.
Las movilizaciones se realizarán de forma simultánea en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con la participación de más de 60 organizaciones sociales, sindicales, mineras y productivas. En La Paz, la Central Obrera Departamental (COD) ha convocado a todos sus afiliados a marchar “en resguardo de las fuentes de trabajo directas e indirectas que genera este sector estratégico”.
En Viacha, donde Soboce tiene una de sus plantas principales, organizaciones sociales y comunales anunciaron una vigilia desde las primeras horas del viernes en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. La misma medida fue confirmada por sectores de provincias como Ingavi, Aroma, Loayza y Pacajes, cooperativas mineras de caliza, sindicatos del transporte pesado, trabajadores fabriles y personal de la empresa.
El respaldo a Soboce también ha sido expresado por los principales gremios empresariales del país. La Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), y la la Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) han expresado su apoyo a SOBOCE mediante comunicados que señalan su preocupación por la afectación que un fallo como este podría tener sobre el clima de inversión, la seguridad jurídica y la estabilidad del aparato productivo nacional.
Además, esta medida judicial pone en riesgo más de 1.500 empleos directos y afecta a más de 200.000 familias que dependen de la cadena de valor de la industria cementera: desde productores de caliza y proveedores logísticos, hasta transportistas, ferreterías y comercios vinculados a la construcción.
Texto y fotos: R&B