Las declaraciones del procurador general, Ricardo Condori, con una aparente parcialidad a favor de FANCESA en un litigio con SOBOCE, pleito legal entre empresas privadas causó malestar entre varias organizaciones sociales de Viacha y motivó a una masiva movilización que se dirigió hasta las oficinas de la Procuraduría General del Estado en El Alto.
La movilización de este miércoles fue protagonizada por organizaciones comunitarias del municipio de Viacha, cooperativas mineras, transportistas, estibadores, proveedores de piedra caliza y trabajadores de diversas plantas de SOBOCE, quienes expresaron su indignación y rechazo a la intervención política e institucional del Procurador.
Los movilizados coincidieron en señalar que Condori pretende direccionar y condicionar un próximo fallo sobre un amparo constitucional, para lo cual ha expresado criterios subjetivos, y, “lo que es peor, ha tomado parte en un litigio entre particulares, intentando socapar y encubrir las aberraciones y atropellos que han sido sistemáticamente cometidos contra SOBOCE en este proceso judicial”.
El secretario general del Sindicato de Transporte de Materias Primas Sintracot, Claudio Alba, dijo que es un atentado contra la justicia y una señal preocupante de persecución a una empresa privada que ha trabajado durante 100 años por Bolivia la postura del Procurador que no solo no vulnera la legalidad, sino que pone en riesgo miles de empleos con su injerencia.
Para el presidente de la cooperativa minera Catavi, David Cruz, dijo que no permitiran una injusticia de esta magnitud. “SOBOCE ha sido un pilar del desarrollo productivo del país, y hoy está siendo atacada injustamente. Esta lucha es por nuestras fuentes de trabajo, por nuestras familias y por el respeto al Estado de Derecho”, aseguró.
Los movilizados en puertas del edificio de la Procuraduría General del Estado.
Los manifestantes también denunciaron que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que pretende imponer a SOBOCE una multa superior a los 700 millones de bolivianos por un supuesto caso de competencia desleal, nunca fue probado y carece de sustento legal. Esta medida judicial pone en riesgo más de 1.500 empleos directos y afecta a más de 200.000 familias que dependen de la cadena de valor de la industria cementera.
Entre las organizaciones movilizadas se encontraban los Mallkus de Viacha, la Comunidad de Iquiluyo, las cooperativas mineras de Catavi, Collana, Amiprocal, Sumaj K’ala, Unión Salvador, además de mineros de Wasa Kocha (Cochabamba), Obrajes y Sorakachi (Oruro) y Comanche (La Paz).
También participaron trabajadores de SOBOCE, Ready Mix, Sobopret, Esmiscal, y representantes de los sindicatos de transporte SINTRACOD, STPV, Pocohota e Ingavi, junto a estibadores y movimientos sociales ligados a la cadena de valor del cemento.
Acción Constitucional
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) presentó una Acción de Amparo Constitucional en contra del fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ya que dicha sentencia vulnera gravemente sus derechos fundamentales y sienta un precedente alarmante para la seguridad jurídica del país.
A través de un comunicado, la empresa cuestionó una condena que la obliga a pagar 744 millones de bolivianos a FANCESA, por un préstamo que SOBOCE obtuvo y pagó con recursos propios cuando aún era accionista de la cementera chuquisaqueña, medida que busca el enriquecimiento ilícito que busca “la quiebra forzada de SOBOCE para promover un monopolio que resultaría nefasto para el país en su conjunto”.
Texto: Liderazgo de Mujer, R&B
Fotos: R&B