La determinación del Tribunal Supremo de Justicia, que le impone a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), la obligación de pagar, a favor de FANCESA, una indemnización de más de Bs 744 millones, incide de forma directa en la desestabilización económica de la empresa, afecta, de manera indirecta, a más de 200.000 familias en todo el país y se considera un nefasto precedente a la seguridad jurídica.
“Esta decisión refleja una preocupante parcialidad del máximo órgano judicial del país y envía una alarmante señal de complicidad con la consigna de aniquilar a SOBOCE, a través del quebranto de su patrimonio”, señaló la gerenta Nacional Legal de SOBOCE Ximena Riveros.
En su criterio, era deber del Tribunal Supremo de Justicia anular este tipo de actuaciones ilegales, y no ignorarlas, minimizarlas ni, mucho menos, encubrirlas y avalarlas. “Con esta conducta se sienta un peligroso precedente que pone en riesgo la seguridad jurídica de otras empresas y sectores productivos y se ahuyenta las inversiones en el país”, sostuvo.
Fallo
La referida indemnización se basa en un proceso que SOBOCE considera ilegal e irregular, ya que aplica la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico reservado para resarcir a víctimas de delitos de lesa humanidad, como el genocidio. Dicho concepto se aplica exclusivamente a personas naturales, no a empresas privadas.
La explicación fue realizada por la asesora legal de SOBOCE.
Agrega que, esta figura fue introducida en este proceso para aplicarla a una controversia de índole comercial entre dos empresas privadas, a raíz de que una perito contable, quien sin la debida capacidad para interpretar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicó jurisprudencia en materia de delitos de lesa humanidad e incorporó este criterio (nunca demandado por FANCESA) para cuantificar los supuestos daños y perjuicios que habría ocasionado SOBOCE en contra de FANCESA, por una controvertida y supuesta “competencia desleal” que en realidad consistió en obtener un préstamo bancario con la garantía de sus propias acciones y en ningún caso con acciones ajenas.
Este caso inició hace casi 15 años, en 2011 cuando FANCESA demanda a SOBOCE por “competencia desleal” luego que esta pusiera como garantía acciones que había adquirido de FANCESA para obtener un crédito que le sirvió para ampliar la capacidad de las operaciones de SOBOCE.
La determinación judicial pone en riesgo la sostenibilidad y continuidad comercial de la empresa, que brinda empleos de forma directa a más de 1.500 trabajadores, pero que además alimenta una cadena de valor que representa el sustento diario para más de 200.000 familias en todo el país.
Entre los afectados por esta injusta determinación sin precedentes se encuentran mineros de piedra caliza y otros proveedores de materia prima para la fabricación de cemento, transportistas, distribuidores, proveedores de servicios, concesionarios y, por supuesto, los trabajadores de las tres fábricas de SOBOCE en Viacha, Warnes y El Puente.
Esta decisión trunca además los planes de inversión que Grupo Gloria, casa matriz a la que pertenece SOBOCE, tenía prevista para este año en Bolivia, pues las aberraciones judiciales denunciadas inviabilizarán esta operación financiera, además de anular los incentivos para futuras inversiones privadas en el país.
Texto y fotos: SOBOCE