La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento, expresa su preocupación por la deficiente aplicación de los diferentes niveles del Estado, así como del sistema judicial boliviano, en los casos de violencia sexual a niñas niños y adolescentes.
Asimismo, exhortan las autoridades, actores políticos y medios de comunicación a «enmarcar su actuación en respeto a la normativa vigente y cumplimiento a parámetros internacionales, velando siempre por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes».
En la nota se remiten al artículo 60 de la Constitución Política del Estado (CPE) en la que se consagra el carácter prioritario de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), obligando al Estado a garantizar su protección integral, su acceso a servicios especializados y a una justicia pronta y oportuna con prioridad.
A pesar de ello, la vulneración de sus derechos «es preocupante sobre todo en referencia a la vulneración de su integridad personal mediante la comisión de delitos de agresión sexual».
En esa línea recuerdan que entre el mes de enero y el 1 de agosto de 2024, la Fiscalía General del Estado informó de 1027 casos de denuncias por Estupro; en el mismo periodo se reporta 1546 denuncias por Violación de infante, niña, niño y adolescente, (INNA), «cifras alarmantes que vulneran no solo el derecho a la dignidad humana de las NNA, sino su derecho a la integridad física, psicológica y sexual».
«La alta incidencia de delitos sexuales contra NNA revela una debilidad institucional del Estado a nivel nacional, departamental y municipal en la prevención de este tipo de delitos y aplicación de la Ley Nro. 548, que obliga la implementación de un Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes», refiere.
Por ello, señalan que el Comité de los Derechos del Niño (CDN), en alusión a su observación general núm. 13 y a la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), insta al Estado a aplicar plenamente la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y ejecutar programas contra el infanticidio, feminicidio y violencia hacia niñas, niños y adolescentes y a fortalecer el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente, incrementando recursos para prevenir la violencia y garantizar la investigación y sanción de todos los casos.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo considera que no es posible tolerar que la comisión de delitos sexuales contra NNA siga en aumento, requiriéndose un mayor compromiso y esfuerzo por parte del Estado, y en su rol de garante de los derechos humanos cumpla con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y aplique medidas afirmativas de prevención, atención y protección de la niñez y adolescencia.
Texto: Defensoría del Pueblo
Foto: RRSS