La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, fue tácita al expresar el rechazo de unas 117 organizaciones de mujeres respecto a la propuesta modificatoria a la Ley 348, presentada por la senadora Patricia Arce, y advirtieron que ello representaría un retroceso, porque plantea eliminar la protección a las denunciantes.
“Rechazamos las modificaciones regresivas a la Ley 348 y exigimos una reforma integral de la justicia”, dijo al cuestionar la propuesta de la senadora Arce que presentó un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 94 (Responsabilidad del Ministerio Público). “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización”, por el que primero se investigue para luego recién conocer la denuncia.
“Esta iniciativa representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia (…). Lejos de responder al problema que plantea, elimina la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema de justicia”, explicó a los periodistas.
Insistió que la “no revictimización” es una obligación del Estado que busca, principalmente, evitar el maltrato y someter a la mujer a procedimientos reiterados.
“El citado proyecto de ley condiciona la toma de declaraciones a un plazo que no considera la situación de afectación de las víctimas de violencia sexual, ni aun tratándose de niñas, niños y adolescentes”, precisó.
Sobre el mismo tema, la coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, Mónica Bayá, dijo que las declaraciones “desatinadas” del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y la presentación de dicha propuesta normativa haya desencadenado ataques a la Ley 348, bajo “argumentos descontextualizados y generalizaciones que no se basan en evidencia”.
“El problema no radica en la ley en sí misma, ni mucho menos en que sea una ley ‘antihombres’, sino que es por un sistema de justicia, donde existe corrupción, abuso de la detención preventiva, defensas deficientes y abogados que utilizan el sistema penal como medio de extorsión, indistintamente del delito que se trate”, dijo Bayá.
La Ley 348 es el principal instrumento normativo de protección específica a la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres”, dijo al considerar que “no todos los hombres son agresores y eso lo sabemos, no se nace violento, ello es consecuencia de factores socioculturales, la violencia se aprende y, peor aún, se normaliza”.
Texto: Liderazgo de Mujer, ABI
Foto: ABI