Un estudio del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) señala que pese a la situación adversa que enfrenta Bolivia, la economía del país mantiene cierta estabilidad apuntalada por actividades ilícitas que crecen al amparo de políticas públicas, las cuales a su vez ayudan a desarrollar grupos de poder con intereses políticos partidarios.
Una de ellas es la producción y transporte de droga dentro del territorio nacional mueve más de $us 835 millones.
“Economías que están en las sombras” como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, entre otras, indicó el investigador Carlos Arze, durante el Diálogo “Políticas públicas y desigualdades se mantienen a pesar del déficit fiscal, una deuda pública en ascenso y reservas en caída libre: un balance necesario”.
“Hay inversiones en diferentes sectores que sostienen la estabilidad de la economía, pero que “no se sabe de dónde vienen”, indicó Arze, durante el diálogo realizado en Cochabamba, en coordinación con el espacio alternativo Somos Sur y la Red Nacional de Noticias Obreras (Renno).
Los estudios del CEDLA, por su lado, calculan que el precio de la cocaína producida en Bolivia llega a $us 364 millones, un monto que asciende a $us 2.880 millones, si se incluye en el proceso la pasta base que ha estado ingresando de Perú y se refina en el país, y la operación de exportación hasta la frontera.
Bajo este nuevo escenario, la producción legal de coca en 2021 fue 2,1 veces mayor a lo que se necesita en el mercado boliviano para el consumo lícito o tradicional. Y esto se refleja en los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que indican que entre 2006 y 2021 el 93% de la coca producida en el Chapare no se comercializó en el mercado legal, mientras que ese porcentaje fue del 19% en el caso de los Yungas.
Entre 2011 y 2021, le interdicción a fábricas de producción cayó de 5.252 a 800, las toneladas de pasta secuestrada de 28,4 a 11,9, las de sustancias sólidas secuestradas de 747 a 520 t y las sustancias líquidas secuestradas de 2.635 a 799 metros cúbicos. Subió un poco la intervención a laboratorios, de 25 a 26, y bastante el secuestro de clorhidrato, de 5,6 a 11,9 t, agrega.
Por su lado, en 2021, hubo solo 8 personas privadas de libertad por fabricación de sustancias controladas, 242 por transporte de esas sustancias, 484 por suministro de esas sustancias y 1.219 por tráfico de sustancias, como gasolina y coca. “Esta lucha no ha cambiado nada. Continúa la vieja historia, la víctima es el eslabón más débil del negocio”, subrayó Arze.
“Ese tipo de capitalismo salvaje está en auge en el país y es una actitud de clase. Se basa en esa desinstitucionalización del Estado, en las élites que pueden ser populares. Es lo que vemos en todas las economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y contrabando. No hay ley ambiental, tributaria ni laboral. Eso no podría pasar si no hay encubrimiento por parte del Gobierno”, dijo Arze.
Texto y foto: Reno