Anapo impulsa propuestas para superar incertidumbre ante inseguridad jurídica

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) llama a concertar una agenda agraria entre los actores del sector productivo y del Gobierno, para dar soluciones conjuntas que brinden seguridad jurídica a las tierras que producen alimentos para el país, a través del conversatorio “Los desafíos para la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra”

Esta actividad desarrollada la pasada semana sirvió de palestra para que el presidente de la institución Fernando Romero, apele a la fe del Estado, al cumplimiento de la ley y al compromiso del presidente Luis Arce de no tolerar ningún tipo de avasallamiento.

En sus conclusiones, de tono abierto al diálogo, Romero enfatizó que Anapo, “es una institución que busca encontrar soluciones y generar mejores condiciones para lo que mejor saben hacer los productores: producir alimentos para Bolivia, que es probablemente la actividad más noble”. Y pidió al Gobierno “que dé cumplimiento a las leyes vigentes y sancione de forma contundente los actos delictivos en la toma ilegal de tierras productivas”.

Durante el debate, los expertos Fernando Asturizaga, Gustavo Pedraza y Gonzalo Flores coincidieron en la importancia de recuperar la institucionalidad de las entidades agrarias, de concluir con el proceso de saneamiento de las tierras, de promover cambios en la justicia para terminar con la impunidad y proteger el derecho propietario, y de exigir el cumplimento de la ley a los órganos competentes del Estado.

Uno de los participantes en el acto.

Pedraza apuntó que el Estado ha fallado en su rol de proteger la propiedad productiva privada, al no haber consolidado instituciones firmes en su labor por encima de intereses políticos y dejar de velar por la seguridad jurídica de quienes tienen títulos de propiedad y están trabajando en las tierras. “Se tienen que cumplir las leyes y normas que sancionan los avasallamientos; hay cambios en las normas jurídicas que se convierten en instrumentos para satisfacer objetivos políticos de poder”.

Asturizaga mencionó que existe una irregular distribución de tierras, sin el control social pertinente, debido a la falta de funcionamiento de las comisiones agrarias a nivel nacional y departamental. Además, que los títulos saneados tienen menor validez y vigencia que un contrato de usufructo. “Esto causa que el productor propietario quede en total incertidumbre e indefensión jurídica”, apuntó el abogado experto en derecho agrario, ambiental y desarrollo rural.

A su turno, el sociólogo Gonzalo Flores indicó que el rol fundamental del Gobierno debe ser generar condiciones adecuadas y reglas claras para promover la producción de alimentos, garantizando seguridad para las inversiones. Esto es fundamental porque los productores agropecuarios bolivianos tienen la posibilidad de apoyar a la reducción de la pobreza, crear riqueza y garantizar la alimentación para el país, sin embargo “las intervenciones de un Estado que quiere planificar la economía y controlar los mercados, reducen las libertades comerciales, les quitan potencial y generan grandes perjuicios por el desincentivo para aumentar la producción”.

Finalmente, Romero dijo que como sector productivo tienen el potencial para aumentar de forma significativa la producción de alimentos, garantizando el abastecimiento del mercado interno y generando mayores excedentes para las exportaciones, que significan divisas para el país, pero que es importante que el Gobierno garantice la seguridad jurídica de las tierras productivas para incentivar la inversión de los productores y una señal clara debe iniciar con acciones contundentes contra los avasalladores, desalojando de los predios tomados y sancionando de acuerdo a la ley vigente.

Texto: Liderazgo de Mujer, Anapo
Fotos: Anapo